El Parlament y el Govern refuerzan el control sobre los lobis

El Parlament ha puesto en marcha este martes un registro de grupos de interés que obligará a los lobis a inscribirse en él si quieren tener contactos con los diputados de la Cámara catalana para influir en las leyes y otras tramitaciones parlamentarias. Al mismo tiempo, el Govern ha aprobado un decreto ley para transformar el registro de lobis existente en la Generalitat y abrir un nuevo que será válido para todas las instituciones, ayuntamientos y otros organismos públicos que están obligados por la ley de transparencia a tener uno. Este mecanismo cuenta en la actualidad con 1.400 organizaciones inscritas.

Además, según ha anunciado en rueda de prensa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la Cámara facilitará la agenda pública de los diputados donde, entre otras cuestiones, deberán reflejarse las reuniones que mantengan con estos grupos de interés antes de que se produzcan, ya sean dentro o fuera del edificio del parque de la Ciutadella. Los lobis que están obligados a registrarse están divididos en cinco ámbitos: consultorías y despachos profesionales; empresas, asociaciones comerciales, sindicatos y colegios profesionales; oenegés y fundaciones; grupos de reflexión y, finalmente, un quinto que engloba al resto de agentes que se no puedan identificar en los cuatro primeros grupos.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Este acuerdo del Parlament contempla un régimen sancionador que va desde los 300 euros de multa hasta los 12.000 en caso de los incumplimientos más graves.

Pocas horas después de ponerse en marcha este registro ya había siete entidades inscritas: La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la patronal Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya, la Associació pel refugi de casa nostra casa vostra, la Asociación Catalana de Exdirectivos, Directivos y Empresarios (Acede), el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Tarragona y la consultoría Públic Affairs Experts y la empresa Kreab Iberia.