Ir a contenido

Combate hasta el final por el 9-N

El juicio queda visto para sentencia tras un cruce de acusaciones entre el fiscal y Mas

La fiscalía niega que se juzgue la consulta y el 'expresident' hace un alegato político

J. G. ALBALAT / BARCELONA

El ’expresident’ Artur Mas llega, este viernes, al TSJC.

El ’expresident’ Artur Mas llega, este viernes, al TSJC. / ALBERT BERTRAN

La justicia y la política se mezclaron ayer en la sala de vista del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) donde se ha celebrado durante toda la semana el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau por la presunta desobediencia al Tribunal Constitucional por haber impulsado el proceso participativo soberanista del 9 de noviembre del 2014. La batalla dialéctica y jurídica en sus informes finales entre el fiscal Emilio Sánchez Ulled y los abogados defensores, Javier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina, fue intensa. El juicio quedó visto para sentencia. El fallo del tribunal llegará en los próximos meses.  

El colofón llegó con el alegato final de Mas, que, además de declararse el máximo responsable de la consulta alternativa y repetir que no ha cometido ninguna desobediencia, y replicó que la consulta alternativa tuvo como objetivo «plantar cara a un Gobierno español» que estaba impidiendo que los catalanes expresaran su voluntad. La exvicepresidenta, en su intervención, siguió con el mismo discurso: «Dar la voz al pueblo no es un delito, ni un acto criminal», a la vez que insistió que lo que se juzgaba era «una actuación política de un Gobierno democrático». Cerró este turno de últimas palabras Irene Rigau que afirmó: «No me puedo imaginar que a raíz de este juicio se inicie una involución democrática».

Los primeros dardos lo lanzó el fiscal Sánchez Ulled. «No se puede contraponer la democracia con el Estado de derecho [...] Tan democrático será este tribunal tanto si condena como absuelve [...] Este juicio también es democracia, la democracia es más de lo que se ha dicho aquí [...] No se está enjuiciando la voluntad popular [...] La fiscalía no depende del Gobierno, no se ha recibido ninguna indicación y yo no lo hubiera permitido [...] Lo dramático de este asunto es que es un torpedo al sistema democrático». Estas son alguna de las frases de si informe final de casi dos horas y media. 

DESOBEDIENCIA 

Con estas palabras y concretando pruebas y argumentos jurídicos defendió que se condenara a 10 años de inhabilitación a Mas y nueve años a Ortega y Rigau. Con si discurso quiso centrar lo que, en su opinión, es objeto del proceso: si los tres exaltos cargos de la Generalitat desobedecieron o no al Tribunal Constitucional. «No se está juzgando a la democracia, sino una cosa muy distinta: si hubo desacato, desobediencia e incumplimiento» de lo acordado por el alto tribunal el 4 de noviembre del 2014, cinco días antes de la consulta. Los acusados, dijo, un estrategia de «desafío» efectivo a la suspensión, aparentaron dejar el proceso en manos de voluntarios, cuando  realmente no fue así. Acusó a los investigados de actuar en un «clima de sigilo y opacidad», a la vez que alegó que detrás de los voluntarios había una actuación «enmascarada» de los poderes públicos.

No tardó la respuesta del abogado Javier Melero, defensor del 'expresident'. «El señor Mas no se ha escondido nunca detrás de los voluntarios, no ha negado la participación y el impulso político de la consulta, ni que permitió el uso del material encargado por el Govern», afirmó, para después añadir que, sin embargo, el expresidente no ha cometido el delito de desobediencia entre, otras cosas, porque no hubo un requerimiento expreso en persona de la  prohibición del 9-N. Y precisó que «si se quiere condenar al señor Mas por desobediencia, se tendrá que innovar y ser creativo», pues no hubo «comportamiento contundente y reiteración», como señala la jurisprudencia.

El abogado Rafael Entrena, defensor de la exvicepresidenta Ortega, también tiró con bala. «Se les sienta en el banco de los acusados por haber llevado a cabo una actuación de naturaleza estrictamente política como es articular un procedimiento para que los ciudadanos de Catalunya pudieran expresarse sobre su futuro político»,  afirmó. Y no se quedó corto en su alegato el letrado Jordi Pina, que representa a Rigau, que sostuvo que se está persiguiendo «la muerte política» de los tres acusados, al pedir la fiscalía su inhabilitación, a la vez que ha defendido que la Generalitat no ordenó en ningún momento que se abrieran las escuelas públicas para la votación.