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El juicio de la financiación del PP de Valencia, pendiente de magistrado

La baja médica del juez central de lo Penal obliga a buscarle un sustituto

Esta vista del 'caso Gürte' estaba previsto que se celebrara el 13 de marzo

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Francisco Correa, jefe de la ’trama Gürtel’, se dirige a la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares.

Francisco Correa, jefe de la ’trama Gürtel’, se dirige a la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares. / JUAN MANUEL PRATS

La baja médica del titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, se prevé larga y eso puede afectar al juicio de la pieza del 'caso Gürtel' relativa a la financiación ilegal del PP en Valencia, cuyo inicio estaba previsto para el próximo 13 de marzo. Fuentes jurídicas han señalado que ante la imposibilidad de que el sustituto natural de Vázquez Honrubia pueda asumir la celebración de juicios, el Consejo General del Poder Judicial ha sacado a concurso la plaza en comisión de servicios por una duración de seis meses.

El sustituto natural del juez central de lo Penal es el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y de Menores, José Luis de Castro. El magistrado lleva haciéndose cargo del juzgado de Vázquez Honrubia desde diciembre, cuando este cayó enfermo, pero le es imposible asumir el calendario de señalamientos previsto, entre los que se encuentra el juicio en el que se sentarán en el banquillo una veintena de personas, entre los que se encuentran Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta, y el exdirigente del PP en Valencia Ricardo Costa por delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales.

Cuando el Consejo cubra la comisión de servicios, el magistrado designado tendrá en sus manos determinar si la vista oral del caso Gürtel se mantiene o si prefiere retrasarla hasta que el titular del Juzgado Central de lo Penal esté restablecido y vuelva a la actividad judicial.

FINANCIACIÓN ENTRE 2007 Y 2008

En esta pieza de la Gürtel se ha investigado la financiación del partido popular de Valencia entre el 2007 y el 2008 y el delito electoral que se podría haber cometido en las campañas electorales autonómicas y municipales de 2007 y las generales del 2008. Entre los 20 acusados figura un grupo de empresarios radicados en la Comunidad Valenciana que pudieron financiar, en connivencia con Orange Market, al PP valenciano.

Estos empresarios, cuyas sociedades eran beneficiarios de contratos públicos, sufragaban pagos de servicios adeudados por el partido a la red corrupta mediante contratos "que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios". 

ALICANTE Y BARCELONA

La investigación de todos estos años permite concluir, decía el juez instructor, la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado "Alicante" en algunas conversaciones y documentos ) y otra parte "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en b denominado "Barcelona").

En el desarrollo de esas campañas electorales, según explicaba José de la Mata, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente. Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones del 2007 como en las del 2008, "los acusados integrados" en la fuerza conservadora, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".