La comisión parlamentaria sobre los cursos de formación de Andalucía señala a Chaves y Griñán

El dictamen provisional de la comisión de investigación parlamentaria sobre el supuesto fraude de los cursos de formación vuelve a poner en tela de juicio la gestión socialista en la Junta de Andalucía en materia de empleo, al señalar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán como máximes responsables políticos de los "desórdenes e incidencias" en el control, seguimiento, ejecución y evaluación de las subvenciones a la formación de los trabajadores durante más de una década. Las conclusiones dejan fuera a la actual presidenta, Susana Díaz, que llegó a declarar en la comisión de investigación y a quien el PP señalaba, entre otras cosas, por haber paralizado las ayudas sin ninguna justificación.

El informe con las conclusiones que pone el broche final a más de un año de trabajo se dio a conocer este lunes, justo el mismo día en que el caso termina de desinflarse en su investigación judicial. Y es que no solo se han ido archivando diligencias al entender que no hubo complot para conceder ayudas del partido, como llegó a señalar la jueza instructora Mercedes Alaya, sino que además la Fiscalía Anticorrupción expresaba este lunes su oposición a que ambos expresidentes fueran citados en calidad de investigados en la pieza que investiga los 33 millones de euros dados al empresario gaditano Ángel Ojeda, a la sazón exconsejero andaluz de Hacienda, para impartir cursos a los antiguos trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

Al igual que los jueces, el informe de 136 páginas concluye que la "falta de medios, personal, coordinación, comunicación y continuidad" en la Consejería de Empleo durante la década pasada acabaron provocando "desórdenes", "incidencias" e "irregularidades" en el control, seguimiento, ejecución y evaluación de las subvenciones. Por ello, se señala que los responsables últimos de ese descontrol serían los expresidentes Chaves y Griñán "'in eligendo e in vigilando'", al ser quienes designaron a los responsables de dicha consejería.

A partir de ellos, las responsabilidades vienen en cascada, y se señala que "las incidencias e irregularidades detectadas en la gestión de las subvenciones en materia de formación" son responsabilidad de todas las personas titulares de las consejerías y las viceconsejerías competentes en la materia entre el 2002 y el 2012. También se hace responsables a los directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE, el Inem autonómico), los delegados territoriales de la Junta con responsabilidad en las políticas de empleo y los secretarios generales.

"NO SE APORTARON SOLUCIONES"

El informe, síntesis de todas las conclusiones formuladas por los distintos grupos políticos, insiste en que la falta de medios y personal fue la clave para las irregularidades, y pone el dedo en la llaga al resaltar que aunque "todo era muy evidente, no se aportaron los elementos y soluciones necesarias para corregirlos". Antes al contrario, los problemas se agravaron con el traspaso de competencias de la formación para el empleo a otra consejería, la de Educación.  

Aunque los grupos políticos tienen ahora que estudiar el documento y presentar las alegaciones, desde el PP ya han criticado que se haya descargado de cualquier responsabilidad a la presidenta de la Junta, llegando a señalar que se debía a una prolongación del acuerdo de investidura que mantienen PSOE-A y Ciudadanos, partido al que pertenece el presidente de la comisión de investigación. Díaz tuvo que comparecer a finales del pasado mes de mayo en la comisión, a petición de los grupos políticos, para explicar por qué se mantuvieron paralizadas las ayudas durante años. En su intervención, negó que se hubiera producido fraude alguno porque "no hubo menoscabo de los fondos públicos", recordando las intervenciones en este sentido tanto de funcionarios como de interventores y limitándose a hablar de "deficiencias y debilidades".