Mas defenderá ante el tribunal que el 9-N fue un acto democrático

“Tendrán que juzgar si ser demócrata equivale a actuar como un delincuente”. Así se contundente se expresó el 15 de octubre del 2016 el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, durante su declaración ante el magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Joan Manel Abril. Este juez ha instruido el proceso judicial contra el exmandatario catalán, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la 'exconsellera' d’Educació, Irene Rigau, por el impulso y organización de la consulta alternativa soberanista del 9 de noviembre del 2014, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional

Este lunes, los tres exaltos cargos de la Generalitat se sentarán en el banquillo  Generalitat de los acusados en el mismo TSJC. En la calle estarán arropados por cientos de personas que les mostrarán su apoyo. “Para una acción como esta [la consulta alternativa] se debe comparecer delante de un Parlament, pero nunca en un tribunal y menos por una causa penal”, llegó a decir Mas.

El 'expresident' volverá de nuevo a sentarse ante los tres magistrados que deberán decidir si él, la exvicepresidenta Ortega, y la 'exconsellera' Rigau ha cometido un delito de desobediencia, al hacer caso omiso a la prohibición de organizar una consulta dictada por el Tribunal  Constitucional. El juicio que se celebrará en el Palau de Justícia de Barcelona durará toda la semana y en él declararán desde funcionarios hasta políticos, como Xavier Trias, el diputado Francesc Homs (que lo hará asistido de abogado) y que también deberá ser juzgado, pero en el Tribunal Supremo, en Madrid, por los mismos hechos

PENA CON ALTERNATIVA

La Fiscalía Superior de Catalunya solicita 10 añosFiscalía Superior de Catalunya de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y funciones de gobierno para Mas, y nueve años para Ortega y

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otros nueve para Rigau. Antes de presentar su escrito de acusación, la fiscalía ya había desistido de imputar a los tres investigados un delito de malversación de fondos públicos, lo que comportaba que solicitaban para ellos penas de cárcel, pero continúa atribuyéndoles los delitos de desobediencia grave y prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

De forma alternativa, y en el caso de que el tribunal considere que los delitos de desobediencia y prevaricación deben ir por separado, la fiscalía reclama para Mas nueve años y seis meses de inhabilitación y multa de 36.000 euros y para Ortega y Rigau, ocho años y siete meses y multa de 30.000 euros.

Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled sostienen en su escrito de acusación que Mas, auxiliado por Ortega y Rigau, “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión” del Constitucional, que conocieron del mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre del 2014.

De este modo, incide la acusación pública, el entonces 'president' de la Generalitat “amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad”, y actuando “con plena consciencia y voluntad”, dejó de suspender oficialmente la convocatoria, “incumpliendo la obligación” que como convocante de la misma le atañía. A su entender, los trabajos preparatorios continuaron y enmascararon su objetivo de que las actuaciones se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, “cuando en realidad no era así”.

LA DEFENSA SE AGARRA A LOS VOLUNTARIOS

Las defensas de Mas, Ortega y Rigaudefensas , sin embargo, sostiene que la Generalitat, con exclusión de sus funciones respecto al orden público, la seguridad y la gestión de la información

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y de los sistemas informáticos públicos, interrumpió los preparativos del proceso participativo tras la prohibición del Constitucional. El escrito del expresidente concreta que no se pueden mezclar el hecho de poner a disposición de los ciudadanos medios públicos para que llevara a cabo un proceso de carácter participativo, “enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática”, con organizar un referéndum oficial, desobedeciendo una resolución judicial.

Es decir, los tres investigados argumentan que la consulta alternativa quedó en manos de los voluntarios y los servicios utilizados fueron contratados antes de la prohibición del Constitucional (material, informática, publicidad) o se paralizaron cuando se dictó la suspensión (página de consulta en internet).

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"La imputaci\u00f3n del fiscal, acusado por acusado","text":"La entonces\u00a0'consellera' d\u2019Educaci\u00f3, Irene Rigau, de forma \u201ccoordinada\u201d con los otros dos acusados, puso a su disposici\u00f3n \u201cmedios propios de su departamento\u201d, como los centros de ense\u00f1anza p\u00fablicos. Se sirvi\u00f3, alega la fiscal\u00eda, de los jefes de servicio territoriales para garantizar que los directores de escuelas e institutos siguieran prestando su apoyo para que los centros fueran acondicionados para la votaci\u00f3n y abrieran sus puertas en 9-N."}}