25 sep 2020

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Homs pide al Supremo su absolución porque es un "gobernante democrático"

Solicita que declaren Rajoy, Catalá y el presidente del Constitucional

El fiscal pide para él nueve años de inhabilitación por su participación en el 9-N

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Homs, el 27 de julio del 2016 en el Congreso de los Diputados.

Homs, el 27 de julio del 2016 en el Congreso de los Diputados. / DAVID CASTRO

El portavoz de PDECat en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, presentó este jueves su escrito de defensa ante el Tribunal Supremo en el que pide ser absuelto de los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia por los que el fiscal pide para él 9 años de inhabilitación, al entender que su actuación en relación con la consulta del 9-N no es que no fuera constitutiva de delito alguno, sino que era cumplir con la obligación de "un gobernante democrático".

Para defenderse solicita que declaren entre otros el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce. También pide que testifiquen en la vista oral, que no se demorará al ser el único pendiente de celebrar por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern y presidente del Consell Jurídic Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

En su escrito de defensa, Homs recuerda que la ley de consultas populares no referendarias se publicó el 27 de septiembre de 2014 y "en consecuencia" ese mismo día se dictó el decreto que convocaba una consulta popular no referendaria para el 9 de noviembre, para que "Catalunya puediera ejercer su fundamental derecho a la libertad de expresion y de participación política".

Dos días después de su publicación y "el mismo día de su admisión a trámite, el Tribunal Constitucional, modificando su agenda, se reunió de urgencia" y suspendió el decreto. En "estricto acatamiento" de la suspensión, el Govern suspendió la convocatoria de la consulta y él mismo, como conseller de la Presidència, "llevó a cabo todas y cada una de las acciones propias de sus competencias en cumplimiento de lo ordenado por el tribunal", pese a que ello causó "rechazo e incomprnsiónn en ciertos sectores de Catalunya que lo consideraron claudicante".

LOS QUE QUIEREN CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

Según Homs, el Govern convocó el 14 de octubre un proceso participativo de la ciudadanía, amparándose en la propia Constitución, de la que dice que "ampara también a quienes la niegan o desean cambiarla", y en el Estatuto de Catalunya. 

El escrito sostiene que la vía que "decidió impulsar" el Govern estaba "completamente adaptada a la legalidad", porque, además, el proceso participativo se llevaría a cabo por voluntarios, y cuenta con una "naturaleza jurídica radicalmente a la consulta suspendida" por el TC, como muestra que sus efectos fueran "muy limitados", ya que no pasaba de comprobar la opinión del pueblo catalán sobre "sus legítimas aspiraciones".

Como prueba de ello, el escrito cita las palabras de Rajoy en las que lo definió de "simulacro inútil y estéril" y dijo que no era "un referéndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca".

OBLIGACIÓN DE UN GOBERNANTE DEMOCRÁTICO

"En este contexto, el conseller de Presidència asumió, como es obligación de un gobernante democrático comprometido con el mandato emanado de su parlamento, cuantas tareas le competían, múltiples y complejas, con la máxima dedicación, entrega y eficacia en la medida de sus posiblidades y con el esfuerzo y entusiasmo del que se siente compelido por un compromiso no sólo real sino ético para con su pueblo y para con la democracia en su máxima expresión", afirma Homs, para asumir todas las acciones por las que le acusa el fiscal.

El portavoz de PDECat sostiene que el silencio del Constitucional a la petición de aclaraciones de la Generalitat -que no se pronunció hasta el 2 de diciembre- llevó al Govern a "seguir cumpliento con el mandato recibido de dar voz a la ciudadanía gracias al compromiso del voluntariado".

El escrito destaca los conocimiento jurídicos de Homs y que conocía "detalladamente" cómo ante "sentencias del TC el Gobierno del Estado español continuaba ejerciendo competencias que no le correspondían", en la misma línea que la denuncia que esta misma semana ha interpuesto contra el presidente Rajoy.

INVESTIGADO AL SER DIPUTADO

También argumenta Homs que "si la actividad que desplegaba" antes de la convocatoria "aparecía en alguno de los sus aspecto como indiciariamente desacorde con la legalidad, no se comprende que la Fiscalía no usara alguno de los distintos medios a su alcance para evitarlos". Y se queja que "solo muchos meses después, en curiosa coincidencia cronológica con su toma de posesión" como diputado se le impute por prevaricación y desobediencia.

También alega que la Junta de Fiscales de Catalunya consideró inviable la acción penal contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas por el proceso participativo hasta que se lo ordenó la Fiscalía General del Estado. Por la querella que se interpuso serán juzgados a partir del próximo día 6 Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega.