España se anota su peor registro en percepción de corrupción

España regresa a sus peores momentos en lo que a corrupción se refiere. Esa es, al menos, la sensación de los ciudadanos, que han vuelto a colocar al país en su peor resultado histórico (el del 2015) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Así, en el informe correspondiente al 2016, vuelve a obtener 58 puntos sobre un máximo de 100, pero baja de la posición 36 registrada el año pasado a la 41 del total de 176 países analizados. Se sitúa entre Costa Rica y Georgia, y se engloba en el grupo de estados europeos percibidos como más corruptos (ocupa el puesto 17 de 28). Por delante suyo quedan países como Bahamas (posición 24), Emiratos Árabes Unidos (26), Bután (27), Qatar (32) o Botsuana (35). Dinamarca se mantiene en el primer puesto, mientras Siria, Corea del Norte, Sudán del Sur y Somalia continúan en el vagón de cola.

La situación de España contrasta especialmente en un momento en que se están realizando esfuerzos por parte de las administraciones públicas para combatir la lacra de la corrupción. Según ha explicado este miércoles en la presentación del informe Manuel Villoria, uno de los autores del estudio y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, esto se debe a que los ciudadanos no sienten que se esté haciendo demasiado. Además, a pesar de haber mayor persecución y procesos judiciales contra los corruptos, se mantiene la sospecha de que finalmente los delincuentes quedarán impunes.

Otro ingrediente que aliña el mal resultado de España es la opacidad que se percibe en la toma de decisiones de sectores como el eléctrico y el bancario. Ejemplo de esto último son las últimas alzas en el precio de la luz o el acuerdo contra las cláusulas suelo en las hipotecas. La politización de la justicia tampoco ayuda a mejorar la opinión de los españoles sobre la separación de poderes y la independencia de los jueces.

"Todo esto hace que los ciudadanos estén muy indignados y preocupados y que en las encuestas se dispare la percepción de la corrupción", ha explicado Villoria, antes de considerar que España ha llegado a su "suelo" en este índice y que no puede descender más. "Mientras otros países adelantan puestos, España está cada vez peor [...]. Es el momento de reaccionar porque el país no acaba de salir del pozo", ha reclamado.

PACTO DE ESTADO

El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, ha considerado que la única manera de resolver esta situación es que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias ideológicas y se pongan de acuerdo. A su juicio, las formaciones deben entender que la corrupción es "un tema de Estado y de claro interés social" y promover "un pacto integral de forma urgente" sobre las medidas legales e institucionales más importantes para combatir "este importante problema que tanto sigue preocupando a los ciudadanos".

Entre las medidas urgentes a emprender, ha citado la despolitización de los órganos judiciales (por citar dos ejemplos, los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegido por el Congreso y el Senado, y el fiscal general del Estado es designado directamente por el Ejecutivo central), la reducción del número de aforados y de cargos de libre designación, la prohibición legal de la concesión de indultos a condenados por delitos de corrupción, la regulación de los lobis o la incorporación de un régimen de específico de sanciones en la ley de transparencia. En esa lucha contra la opacidad se siguen dando algunos pasos aunque por ahora estos no calen en la percepción ciudadana: la Mesa del Congreso, por ejemplo, ha acordado este miércoles suprimir la dieta fija de 150 euros diarios a los diputados que hacen viajes oficiales al extranjero y de 120 euros al día a quienes lo hacen por territorio español. A partir de ahora, los gastos de manutención para ese tipo de desplazamientos no se abonarán si no se presentas facturas que los justifiquen.

BUENOS DATOS ANTES DE LA CRISIS

El mal resultado de España en el informe correspondiente al 2016 supone una continuación de la tendencia iniciada con el estallido de la crisis económica, antes de la cual llegó a obtener puntuaciones de 7,1 sobre 10 (antes del 2012, el índice se calculaba sobre 10; después pasó a hacerse sobre 100).

Además, el trabajo coincide con la instrucción de grandes casos de corrupción como el de los ERE o el 'caso Pujol' y de juicios de tramas como la 'Gürtel'. Unos procesos judiciales que no contribuyen a mejorar la percepción de los ciudadanos sobre esta lacra.