Oriol Junqueras supera el primer 'set-ball' de los presupuestos

Aunque técnicamente un ‘no’ a las cuentas de alguna de las ‘conselleries’ en esta semana no supondría el punto final a la carrera de los presupuestos del 2017, y según ha afirmado el ‘president’ Carles Puigdemont, el de la legislatura, no es menos cierto que, de facto, la admisión a trámite de alguna de las enmiendas a la totalidad de un solo departamento precipitaría los acontecimientos hacia las elecciones. Y la primera ‘conselleria’ que ha superado el trago ha sido, precisamente, la de Economia i Hisenda, que dirige el vicepresidente Oriol Junqueras.

Tras un debate que, influenciado por quién presentaba los números de su ‘conselleria’, ha supuesto otra discusión sobre la totalidad de los presupuestos, la CUP ha votado en contra de las enmiendas de rechazo que defendían cada uno de los otros grupos parlamentarios. Eso sí, la anticapitalista Eulàlia Reguant se ha despachado contra los presupuestos por entender que no acaban con “30 años de ‘business-friendly’, de descapitalización del sector público”, en referencia a la “nula reversión” de algunos de los recortes efectuados en los últimos años y, en concreto, a la no previsión de revertir la cesión de gestión al sector privado.

NUEVO 'PUJOLISMO'

La socialista Alícia Romero y el ecosocialista Joan Coscubiela han coincidido en definir el proyecto de cuentas del 2017 como de “continuistas”. Coscubiela, incluso, los ha vinculado al periodo en que Jordi Pujol era ‘president’. “Señor Junqueras, la inmovilidad en la fiscalidad, el respeto al déficit y el aumento del gasto social, todo ello junto, no es posible. Y usted ha elegido mantener los dos primeros” ha afeado el ecosocialista a cuenta de la negativa del Govern de subir el IRPF a las rentas más altas.

Coscubiela y Romero han calificado de “increíble” el aumento de la partida para la Agencia Tributària Catalana. Y es que el Govern incrementará en un 145% el gasto en Hacienda para potenciarla, hasta los 93 millones y con una previsión de incorporar hasta 459 trabajadores más, hasta los 800. El número de oficinas pasará de cinco a 19, más otras 12 que compartirán con entidades locales. Cabe contar también que la mitad de ese incremento obedece a un cambio de contabilización de los honorarios que reciben los registradores de la propiedad.

Con ese impulso, la Generalitat pretende agotar las competencias  que tiene adjudicadas según el Estatut y que, hasta ahora, se habían orillado, como por ejemplo la reclamación vía ejecutiva de las deudas. En el horizonte, claro está, la voluntad de que este organismo gestione la totalidad de los impuestos que e recaudan en Catalunya y que hoy en día están, en un 90%, en manos del Estado