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El exfiscal general Pumpido no ve factible reabrir el Yak-42

Considera "contraproducente" apartar a los políticos antes de abrir juicio oral

Insiste en que no ve indicios contra la infanta Cristina en el 'caso Nóos'

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Trillo y Conde-Pumpido se saludan ante Jordi Jané (CiU), ayer.

Trillo y Conde-Pumpido se saludan ante Jordi Jané (CiU), ayer. / DAVID CASTRO

El magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no cree que "dado el tiempo transcurrido sea factible reabrir desde el punto de vista penal el caso del Yak-42", según aseguró este miércoles en un desayuno organizado por la revista Vanity Fair.

Conde-Pumpido recordó la trayectoria penal que siguió el procedimiento en el que en un principio se trató de investigar conjuntamente la identificación de los cadáveres y las irregularidades cometidas en la contratación del avión que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que volvían a España tras realizar labores humanitarias. Finalmente se separaron en dos procedimientos y sólo acabó en condena el primera, aunque los militares "condenados fueron indultados por el Gobierno en una decisión política", señaló el magistrado.

La causa por las subcontrataciones que se produjeron para realizar el viaje y que concluyeron en la contratación de un avión más barato del dinero presupuestado fue archivada por el juez instructor, en ese momento, Fernando Grande-Malaska, y nunca llegó a juicio. No obstante, Conde-Pumpido insistió en que la Fiscalía nunca llegó a acusar al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y se limitó a dirigir la acusación contra seis cargos del Ministerio.

Además, paralelamente, se celebró un proceso civil en Zaragoza, en el que se fijaron las indemnizaciones que deberían recibir las familias de las víctimas. "El Consejo de Estado dice que se aprecia una cierta responsabilidad política en la contratación pero no patrimonial, porque ya se fijaron las indemnizaciones", señaló Pumpido. De ahí que entienda que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asumido la responsabilidad el Gobierno "desde un punto de vista moral". "A mi entender desde el punto de vista judicial el asunto está zanjado y nunca apreciamos que había responsabilidad penal en relación con él".

CONSECUENCIAS CONTRAPRODUCENTES

Conde-Pumpido, que fue el instructor en el Supremo de la causa abierta contra la fallecida exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, señaló que no considera que su muerte "esté vinculada al proceso a los medios, sino que fue una cuestión de naturaleza, de enfermedad". Y aprovechó la pregunta para afirmar que, en su opinión, habría "consecuencias contraproducentes" apartar a los cargos públicos de sus cargos antes de que se formalice la acusación contra ellos en el auto de apertura de juicio oral.

También se mostró muy crítico el magistrado con la acción popular, que calificó de uno de los grandes problemas de la justicia en España, porque supone "la privatización de la Justicia" y, cuando la ejercen los partidos, "la judicialización de la política". En este sentido, insistió en que cuando era fiscal general del Estado no había indicios contra la infanta Cristina para ser juzgada en el 'caso Nóos' y ese criterio lo mantuvieron los siguientes fiscales general del Estado.

Pumpido, que ya anunció que no participará en la sentencia que acabará dictando el Supremo en este caso, por haber tenido intervención en él como fiscal general, mostró su apoyo total al representante del ministerio público en el procedimiento, Pedro Horrach.

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