El TC abordará tras las navidades las leyes relativas al catalán

¿Qué tienen en común la ley de acogida de personas inmigradas y de los regresados a Catalunya con la de comunicación audiovisual, la del cine o el Código de Consumo? Aparentemente poco, pero todas ellas comparten que regulan de una y otra forma el uso del catalán en el asunto al que se refieren, y todas fueron llevadas por ello en su momento al Tribunal Constitucional por el Gobierno central, el Defensor del Pueblo o el Partido Popular.

Consciente de lo delicado que es la cuestión lingüística, el Constitucional decidió abordar de forma conjunta los seis recursos que las cuatro normas acumulan para así poder dar una respuesta unitaria a los aspectos comunes planteados en ellos. Está previsto que el pleno del alto tribunal inicie el debate de las respectivas ponencias a la vuelta de navidades.

La decisión se adoptó después de que dos de los recursos se incluyeran en el orden del día del pleno de la semana del pasado 18 de octubre. Parecía que las deliberaciones relativas a la ley de acogida y la del cine iban a comenzar ahí, pero finalmente se decidió posponerlas para alcanzar una conclusión que también sirva para la ley de comunicación audiovisual y el Código de Consumo.

MÁS DE 10 AÑOS

Los recursos contra la Ley del Parlament 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual son los más antiguos de los relativos a Catalunya que se encuentran pendientes de resolución en el alto tribunal, donde el 90% de asuntos que tiene entre manos son catalanes, o bien porque la Generalitat recurrió normas estatales o porque el Ejecutivo central hizo lo propio con las del Govern. El 70% de ellos afectan a asuntos de relevancia, según fuentes del Constitucional.

La norma que regula la comunicación audiovisual catalana fue impugnada por el Gobierno que entonces presidía José Luis Rodriguez Zapatero y por el PP, que recurrió más de 50 de sus artículos al considerar que pretendía utilizar el espacio audiovisual catalán para "arrinconar al castellano y reducirlo a la mínima expresión". Las ponencias actualmente están en manos, respectivamente, de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, que cuando llegaron al alto tribunal las heredaron de sus antecesores.

Las demás leyes impugnadas cuyas deliberaciones comenzarán en enero se promulgaron cinco años más tarde, en 2010, cuando gobernaba el Tripartito en Catalunya. La redacción de la sentencia de la del cine le correspondió a Juan Antonio Xiol, mientras que del recurso del Defensor del Pueblo contra el Código de Consumo se ocupará Pedro González-Trevijano y del presentado por el grupo popular en el Congreso, Fernando Valdés.

RÓTULOS Y DOBLAJE

El PP anunció al mismo tiempo que recurriría ambas leyes por entender que vulneran el derecho "a usar el castellano con libertad". Poco antes el Constitucional había admitido a trámite la impugnación del Defensor del Pueblo contra la ley de acogida, también por la preferencia que otorga al catalán en la integración de los inmigrantes.

El recurso contra la ley del cine se centraba en los apartados que establecen cuotas mínimas de doblaje al catalán, y reclamaba la supresión de las sanciones económicas vinculadas a no rotular en esa lengua. 

En cuanto al Código de Consumo la impugnación se basaba en que establecía multas de hasta 10.000 euros para aquellos comerciantes que no rotularan en catalán, una cantidad mayor de las fijadas en la normativa anterior.

FORMACIÓN Y SERVICIOS

El recurso presentado contra la ley de acogida catalana por la entonces Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, argumentaba que la norma "establece una preferencia lingüística a favor del catalán sobre el castellano, tanto en la formación como en la información y en la prestación de servicios de primera acogida para inmigrantes y para personas regresadas a Catalunya" de nacionalidad española.

En su opinión, ello contradecía el artículo 3 de la Constitución, que establece el castellano como “la lengua española oficial del Estado” y reza que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. El magistrado que redactará la sentencia será Antonio Narváez.

En el alto tribunal se sabe del ambiente enrarecido que se ha creado con Catalunya desde que dictó la sentencia del Estatut y, posteriormente, con el proceso soberanista iniciado por la Generalitat, que ha dado lugar a la apertura de procedimientos penales contra su 'expresident' Artur Mas, las 'exconselleras' Irene Rigau y Joana OrtegaArtur MasIrene Rigau y Joana Ortega, el actual diputado de PDECat Francesc HomsFrancesc Homs y más recientemente la presidenta del Parlament, Carme ForcadellCarme Forcadell.

Por eso, a la hora de resolver estos recursos pendientes, tratará de medir mucho sus palabras y se cuidará de no utilizar adjetivos que puedan herir susceptibilidades para evitar contribuir al desencuentro.