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UN AÑO JUDICIAL COMPLEJO

Una corrupción multicolor, a juicio en Catalunya

Los procesos judiciales afectarán a diferentes partidos, como Convergència, Unió y el PSC

El presunto pago de comisiones de Ferrovial a CDC, a través del Palau de la Música, será el plato fuerte

J. G. Albalat

Fèlix Millet, en febrero del 2014, en la puerta de la Audiencia de Barcelona.

Fèlix Millet, en febrero del 2014, en la puerta de la Audiencia de Barcelona. / RICARD CUGAT

Este 2017 de pirotecnia judicial por corrupción empezará con un proceso poco conocido. El 20 de enero se sentarán en el banquillo el expresidente de la Fundació Catalunya y Territori (FCT), Josep Boqué, y dos vocales por haber cometido supuestamente un delito de estafa a través del grupo financiero IMS. La fiscalía pide penas de hasta 17 años de cárcel. Según la acusación, FCT arrendó locales a Unió Democràtica y en el 2005 dejó de cobrarle el alquiler. Finalmente, la fundación vendió al partido dichas dependencias a un precio inferior al mercado, sostiene el fiscal. Además, Unió presuntamente recibió dinero de la fundación para saldar deudas.

Los platos fuertes, sin embargo, llegarán en marzo. Uno de ellos es el juicio por el saqueo del Palau de la Música en la época de Fèlix Millet Jordi Muntull y la presunta financiación ilegal de la extinta Convergència. Empezará el día 1 y las 55 sesiones previstas se prolongarán hasta el 27 de junio. Las vistas se celebrarán casi 8 años después de que los Mossos registraran el auditorio. La investigación destapó que los responsables de la entidad habían desviado fondos para fines propios. Y también el presunto pago de comisiones a CDC por parte de Ferrovial, a través de la entidad, a cambio de adjudicaciones de obra pública en el último Govern de Jordi Pujol. En el banquillo se sentarán los responsables del Palau, el extesorero de Convergència Daniel Osàcar y directivos de Ferrovial.

A 600 kilómetros, en la Audiencia Nacional, en Madrid, pero unos días más tarde, el 13 de marzo, comenzará a juzgarse el 'caso Pretoria', que estalló en el 2009 con detenciones de políticos, funcionarios y constructores. Es un proceso por presunta corrupción urbanística que afecta a exaltos cargos de gobiernos de CiU con Pujol (el 'exconseller' de Economia Macià Alavedra y el exsecretario de Presidència Lluís Prenafeta) y del PSC (el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exdiputado socialista Luis García Sánchez'Luigi'). Los jueces deberán esclarecer si los investigados encubrieron el cobro de comisiones a cambio de operaciones urbanística o se lucraron con las ventas de solares públicos.

EL 3% DE MARAGALL

Ya en mayo y en la Audiencia de Barcelona se celebrará el juicio por el 'caso Adigsa' de presunto pago de comisiones. Este proceso llega desinflado tras una instrucción de nueve años. Se sentarán en el banquillo siete personas, incluidos exaltos cargos de la empresa pública, por presunta malversación de fondos en la etapa de gobierno de Pujol. La investigación la inició la fiscalía después de que Pasqual Maragall insinuara en el Parlament, en febrero del 2005, que CiU cobraba comisiones por adjudicaciones de obras: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%", espetó a los convergentes.

Pasado el verano, en octubre, será juzgados miembros de la antigua cúpula de la Associació Catalana de Municipis (ACM), encabezada por su exsecretario general Josep Maria Matas, que se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel. La misma pena reclamada para el que fuera jefe de los servicios jurídicos de esta entidad nacionalista. Están imputados por el presunto desvío de 960.000 euros de fondos de la ACM en beneficio propio.

SIN FECHA FIJADA

Todavía no hay fecha, pero es posible que también llegue a juicio el 'caso ITV', que sentará en el banquillo al exdiputado de CDC Oriol Pujol, por el presunto intento de amaño en la adjudicación de estaciones de inspección de vehículos y el supuesto cobro de comisiones a cambio de utilizar su influencia política para favorecer a empresarios amigos. Siguen abiertas las negociaciones para llegar a un acuerdo antes de juicio. Pujol está dispuesto a aceptar una pena de prisión a cambio de que su mujer no pise la cárcel.

También es posible que se vuelva a ver en una sala de juicios al exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos, investigado en el 'caso Mercuri' y acusado por la fiscalía de tráfico de influencias por pedir la retirada de multas de tráfico impuestas a familiares suyos. En Madrid seguirá la investigación contra la familia de Pujol, en la que se rastrea su fortuna en Andorra y los negocios de los hijos del expresidente. Y en un juzgado de El Vendrell se continuará con las pesquisas sobre supuestas mordidas del 3% que comportaron el registro de la sede central de CDC en Barcelona.

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