Chaves pide su absolución porque "ni conoció ni pudo conocer" las supuestas irregularidades de los ERE

El expresidente recuerda que "no recibió" ninguna advertencia de la Intervención General

El expresidente andaluz Manuel Chaves.

El expresidente andaluz Manuel Chaves. / EFE / JOSÉ MANUEL VIDAL

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JULIA CAMACHO / SEVILLA

Conocer el modo en el que se canalizaban las ayudas sociolaborales de cualquier consejería no entraba en las funciones del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, quien solicita así su absolución en el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. Chaves, alega, "ni conoció ni pudo conocer" las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas, que "nadie le advirtió de ello y el Interventor General de la Junta tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación".

Manuel Chaves está acusado en la pieza separada del 'caso ERE' que trata de esclarecer la legalidad del procedimiento específicoprocedimiento específico implantado en la Administración para conceder las ayudas, y se enfrenta a una petición de pena de 10 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada10 años de inhabilitación especialprevaricación continuada. El PP-A, que ejerce la acusación popular, reclama además una pena de dos años de cárcel por un delito de asociación ilícita junto al resto de exaltos cargos de la Junta, insistiendo en la idea de que hubo una confabulación para dar las ayudas por otro cauce irregular para saltarse los controles de fiscalización y amparar su discrecionalidad. En el escrito de defensa presentado por el abogado de Chaves se muestra su "absoluta disconformidad" con las acusaciones formuladas por las acusaciones al considerar que los hechos no son constitutivos de ningún delito que se le pueda imputar, de ahí que solicite su libre absolución.

CONCERTACIÓN COMO "PRIORIDAD POLÍTICA"

El expresidente trata de desmontar la acusación de que el dinero se repartió entre conocidos y afines al PSOE-A. Así, se alega que durante los sucesivos mandatos en los que ostentó el cargo de presidente (1999-2009), Chaves suscribió hasta seis acuerdos de concertación social con sindicatos y empresarios con "la prioridad política, compartida por todos los agentes sociales, de garantizar la cohesión social en Andalucía". Unos acuerdos que implicaban "la necesidad" de atender a los trabajadores de empresas en crisis mediante distintas ayudas sociolaborales, sobre todo en aquellos casos de procesos de reestructuración empresarial o de reconversión, muy significativos en algunos sectores industriales y en una época conflictiva.

Así, el letrado explica que estas políticas fueron ratificadas en los planes económicos aprobados por el Parlamento Andaluz y en los presupuestos autonómicos, sometidos al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Recuerda además que en la década 2000-2009, de las más de 1.271 modificaciones presupuestarias aprobadas, sólo 18 hacían referencia a las partidas 22E y 31L --la denominada 'fondo de reptiles' por el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero--.  

TODOS LOS INFORMES

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Según las acusaciones, estas modificaciones fueron fruto del descontrol provocado por los compromisos asumidos al conceder las ayudas sociolaborales. No obstante, el abogado de Chaves justifica que todas ellas contaron con "todos los documentos e informes preceptivos, las memorias justificativas y explicitaron el impacto en los objetivos de los programas de actuación, inversión y financiación afectados".  Y el expresidente "se limitó a participar" en la formalización de la aprobación de esas modificaciones en el Consejo de Gobierno.

En el auto de procesamiento, el juez Álvaro Martín reprochó al expresidente Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán, que conocían las irregularidades relacionadas con las subvenciones, y que participaron del "plan" establecido en el año 2000 para eludir los controles de la Intervención que permitió la "falta de control sobre los fondos públicos destinados a subvenciones o ayudas". Según el auto, Chaves "impulsó" la implantación del sistema y Griñán lo "mantuvo". Además, entiende que los altos cargos de la administración implicados no solo tenían "conocimiento" de las deficiencias del sistema por el que se concedían las ayudas,  sino que las mismas fueron "buscadas como fines" al ponerlo en marcha, a sabiendas de los "incumplimientos y las consecuencias que derivaban necesariamente del uso de las transferencias de financiación".