El Gobierno se compromete con reservas a suprimir aforamientos

Soraya Sáenz de Santamaría se comprometió este miércoles a abordar la supresión de los aforamientos, medida incluida en el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos PPCiudadanos. Pero con dos importantes reservas. La primera consistió en el alcance de la eliminación de este privilegio, por el que determinadas personas, por razón de su cargo, son juzgadas por tribunales especiales. La segunda, el tipo de delitos al que afectaría esta iniciativa. Aun así, durante la sesión de control al Gobierno, a la que no asistió Mariano Rajoy por encontrarse viajando desde Nueva York, la vicepresidenta del Gobierno, a preguntas de Albert Rivera, señaló que "el PP cumple con sus compromisos".

El acuerdo firmado por los conservadores con los naranjas reclama la "eliminación de aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos", pero hay diferencias en el ritmo que unos y otros quieren imprimir a la puesta en práctica de esta medida. Rivera abogó por acabar cuanto antes, a través de una reforma "exprés" de la Constitución, con el privilegio de diputados y senadores, que ahora solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. Con esta modificación, dijo, se eliminaría la posibilidad de que los políticos se "atornillen al escaño para ir a un tribunal especial". El caso más reciente es el de la fallecida Rita BarberáRita Barberá, exalcaldesa de València por el PP e imputada por presunto blanqueo, quien se negó en septiembre a abandonar su puesto en el Senado pese a que así se lo había pedido su partido. En su lugar, prefirió pasar al grupo mixto. 

El Congreso podrá exigir al Gobierno que dé motivos a sus vetos

MIEDO AL REFERÉNDUM

Pero el Gobierno afronta cualquier retoque constitucional con muchísimos recelos, entre otras cosas porque debería ser sometida a referéndum, independientemente de su calado, si así lo solicita la décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Unidos Podemos y sus satélites, que defienden una convocatoria de este tipo, representan con sus 71 escaños a más de la quinta parte del Congreso. 

"Hay cuestiones que debemos aclarar", dijo Santamaría, enfriando la pretensión de Rivera. Con la modificación de la Carta Magna que reclama Ciudadanos, continuó la vicepresidenta, se suprimirían 650 aforamientos (diputados, senadores y miembros del Gobierno central), pero hay otros 2.000 cargos públicos y electos que disfrutan de esta prerrogativa (además de 15.000 jueces y fiscales y otros 263.000 aforados parciales), cuya situación también se debería abordar. "abría que acompasar la reforma de la Constitución con 19 estatutos de autonomía, la ley orgánica del poder judicial y otras leyes reguladoras", explicó. También, por último, se tendría que definir si la eliminación de este privilegio "para todos los delitos o solo para los relacionados con la vida pública".    

PARALIZACIÓN DE LEYES

Justo antes, la vicepresidenta había debatido con Carolina Bescansa, de Unidos Podemos, sobre la utilización por parte del Ejecutivo de su derecho de veto para paralizar iniciativas aprobadas por el Congreso cuando estas suponen "aumento de los créditos o disminución de los ingresos" según recoge el artículo 134 de la Constitución. El Gobierno ha echado mano de esta facultad en 14 ocasiones en lo que va de legislatura, una vez cada tres días, según el partido morado.

Permitir las proposiciones que han sido paralizadas, argumentó Santamaría, hubiera supuesto el gasto "de una tacada" de 15.000 millones de euros. "Por gastar sin control, este país estuvo al borde del rescate. Alguien tiene que ser responsable”, dijo la vicepresidenta. "Ustedes están diciendo que aquí no se puede legislar sobre lo importante", replicó Bescansa.