Forcadell defiende que se puede debatir sobre la independencia en el Parlament

"Si en la calle y en cualquier rincón de Catalunya se puede hablar de la independencia, ¿por qué no en el Parlament?". Así se ha expresado este viernes la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, ante la jueza del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), María Eugenia Alegret, que investiga la presunta desobediencia y prevaricación cometida al permitir que se votaran el 27 de junio pasado las conclusiones de la comisión del proceso constituyente pese a la advertencia del Tribunal Constitucional.

Forcadell, que solo ha declarado poco más de media hora, no ha contestado a las preguntas de la magistrada, ni de la fiscalía, que presentó la querella contra ella. Solo ha respondido a su abogado Andreu Van del Eynde. Unas 3.000 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado ante el Palacio de Justicia de Barcelona para mostrar su apoyo a la expresidenta de la Assamblea Nacional de Catalunya (ANC). Los Mossos d'Esquadra controlaron la zona.

Forcadell ha defendido en su declaración que permitió votar las conclusiones de la comisión del proceso constituyente, una hoja de ruta independentista, porque era un "acto político", sin valor jurídico alguno y no vinculante, a la vez que ha detallado cómo se tramitó todo el procedimiento y la votación. En este sentido, ha asegurado que el debate sobre las conclusiones lo propusieron dos grupos parlamentarios (Junts pel Sí y la CUP) y, como marca el reglamento de la Cámara catalana, ella no podía impedir la votación. "Actué correctamente y de acuerdo a la legalidad", ha indicado, según fuentes jurídicas.

En su intervención, Forcadell ha señalado que ella tiene la obligación de defender la "inviolabilidad" de los parlamentarios como presidenta de la Cámara y ha pedido tanto a la jueza como a la fiscalía que se respete la suya, en lo que medios jurídicos consideran un claro reproche por su imputación.   

LOS DOS INFORMES

Forcadell se ha limitado a responder a una lista de 25 preguntas que le ha formulado su abogado, Andreu Van del Eynde, en una exposición en la que se ha escudado en dos informes jurídicos del Parlament (uno anterior y otro posterior al pleno) que, a su parecer, avalaban la legalidad de la votación de dichas conclusiones.

La presidenta de la Cámara ha afirmado que la nota informativa que los servicios jurídicos elaboraron, por iniciativa propia, y que fue leída en el pleno antes de la votación no era una advertencia personal hacia ella, sino que su fin era recordar a los diputados la existencia de un auto del Tribunal Constitucional que les prohibía desarrollar cualquier iniciativa que emanara de la declaración de ruptura del 9-N.

Para Forcadell, el debate y votación de la hoja de ruta independentista no estaban expresamente prohibidos por el Constitucional y los ha desvinculado de la declaración de ruptura del 9-N porque, a su entender, constituían un acto de "adhesión ideológica" a las conclusiones de una comisión de estudio sin efectos jurídicos ni vinculantes.

"DEBATE DE IDEAS"

De hecho, la investigada ha subrayado que el Constitucional en ningún momento ha anulado los trabajos de la comisión de estudio del proceso constituyente, pese a que eran públicos y habían finalizado una semana antes del pleno. Ha incidido que la inclusión en el orden del día de la votación "no fue un acto premeditado" y ha argumentado que ella no podía excluir del pleno ese debate. También ha proclamado que, al permitir ese "debate de ideas", ella estaba protegiendo la "libertad de expresión".

La presidenta del Parlament ha mantenido ante la magistrada que el poder ejecutivo no puede usar el judicial para resolver los problemas políticos suscitados que plantea el legislativo y la recalcado que el pleno de la Cámara catalana es un "órgano soberano". Fuentes judiciales han asegurado que la declación de Forcadell ha sido "clara y convincente", pero que el caso es un debate meramente jurídico. Es decir, si se desobedeció o no al Constitucional.