Gobierno y desafío soberanista: Entre el diálogo y el Constitucional

En una legislatura sin mayoría surgen más voces que apuestan por evitar la judicialización

El Alto tribunal ha dado la razón nueve veces al Estado, pero el conflicto continúa

Rajoy hace un comentario a Francisco Pérez de los Cobos, presidente del TC.

Rajoy hace un comentario a Francisco Pérez de los Cobos, presidente del TC. / AGUSTÍN CATALÁN

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ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

En una legislatura en la que el Gobierno no cuenta con mayoría absoluta, sus miembros claman que será la de "la mano tendida y la negociación”. También en Catalunya. Es evidente que seguir por la única vía elegida los últimos años, el dar respuesta al procés con el Tribunal Constitucional (TC), no frena, aunque entorpece, el conflicto que se vive con el Estado, una vez que los dirigentes catalanes han optado por seguir adelante, desoyendo al TC aunque les suponga la apertura de procedimientos judiciales por desobediencia.

En este contexto surgen voces que de una u otra forma reclaman más política. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, verbalizó recientemente, en un encuentro con periodistas, el deseo del Alto tribunal de que se produzca un mayor diálogo que frene la judicialización de los conflictos entre Administraciones, para evitar que todos los caminos se reduzcan a interponer recursos de inconstitucionalidad por una parte o conflictos de competencia por la otra. El 90% de los asuntos en manos del TC son catalanes. 

Pérez de los Cobos no es el único. El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, también lo reclamó recientemente en Barcelona, donde abogó por un diálogo sin "líneas rojas" y con "muchos teléfonos rojos", en el que la "ley no sea un obstáculo". ¿Se escuchan estas voces?. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaríaencargada actualmente de gestionar el llamado dosier catalán y de anunciar la mayoría de los recursos que se presentaron en años anteriores, dice ahora confiar en no tener que seguir acudiendo al Constitucional. Y propone fortalecer y potenciar la comisión bilateral de cooperación prevista en la ley reguladora del tribunal, con la que como le gusta recordar ya se ha evitado la interposición de cinco recursos.

NUEVE TANTOS A CERO

Lo que se haga esta legislatura está por escribir. Por relatar si se pasa de la teoría del acuerdo a los hechos. Hasta el momento la posición de Mariano Rajoy ha consistido en recurrir a la cancha del Constitucional, donde arrolla con un saldo de nueve tantos a cero a la Generalitat. Y aún cuenta con tres balones en juego, a los que en breve se puede sumar un cuarto. Son aquellos en los que las iniciativas legislativas del Parlament sólo han sido suspendidas cautelarmente con la admisión a trámite del recurso o incidente de ejecución de sentencia, pero aún no se ha entrado en el fondo del asunto.

Ese holgado marcador sólo frena momentáneamente el proceso soberanista, que continúa adelante con resoluciones parlamentarias que, previsiblemente, volverán a ser impugnadas, como la inclusión en los presupuestos de 2017 una partida de 5,8 millones de euros para procesos participativos, pensando en el referéndum anunciado por el Govern.

CINCO AÑOS DURÍSIMOS

Así las cosas, se antoja complicado que el Constitucional, como sugirió su presidente en la mencionada conversación con la prensa, pueda ser el único dique de contención para lo que sucede en Catalunya. Por más que los servicios jurídicos del Estado hayan conseguido marcar nueve goles en estos “durísimos” cinco años vividos por “el reto planteado por un sector” de la “queridísima Catalunya”, según palabras usadas en su despedida por quien fue hasta el pasado 25 de octubre Abogada general del Estado, Marta Silva.

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Desde que en el 2014 se anuló la declaración soberanista, se han declarado inconstitucionales todo paso dado en la misma línea: las consultas populares no refrendarias; el decreto de convocatoria del 9-N o la página web que se usó para hacerlo, esa por la que están imputados el portavoz parlamentario Francesc Homs, en el Tribunal Supremo, y el expresident Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

También se anularon la ley de acción exterior de Catalunya; las normas que, según el Alto tribunal, contenían estructuras del Estado; el primer paso para el derecho a decidir; la constitución de la comisión sobre el proceso constituyente, y sus conclusiones por cuya votación la Fiscalía, a instancias del TC, se querelló contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Sigue además pendiente de admisión a trámite el incidente de ejecución que atañe a la posible celebración de un referéndum el año próximo. Sin descartar que se impugen también las cuentas catalanas, como en el cuento de nunca acabar.