El Congreso podrá exigir al Gobierno que dé motivos a sus vetos

Los letrados del Congreso mandan un aviso al Gobierno: si Mariano rajoy persiste en su ofensiva de vetos contra iniciativas aprobadas por la oposición tendrá que motivar detalladamente los criterios en los que basa su bloqueo. Es decir, no puede aportar argumentos genéricos para obstruir la acción del legislativo, sino que debe detallar los perjuicios concretos que implicaría aplicar lo aprobado por el Parlamento. El informe de los juristas parlamentarios, que hoy ha sido presentado ante la Mesa, reconoce que el Ejecutivo tiene derecho a veto conferido por la Constitución y el reglamento de la Cámara baja si lo aprobado afecta al presupuesto del "mismo ejercicio parlamentario", pero insiste en que no se puede utilizar de forma indiscriminada.

"Se podría valorar la posibilidad de que en aquellos casos en que se ha presentado por algún grupo parlamentario un escrito de oposición al criterio el Gobierno (...) la Mesa acuerde trasladar el mismo al Gobierno, requiriéndole motivación adicional o complementaria", señala el escrito. Indican los letrados que, en los casos en los que la oposición no esté de acuerdo con el veto, la Mesa puede "trasladar el escrito de oposición al Gobierno, requiriéndole para que aporte motivación adicional o complementaria". Advierte, además, que la Mesa debe velar porque el veto del Gobierno "no suponga en ningún caso, eventual violaación de los derechos fundamentales" que asisten a los parlamentarios. Ahora, el órgano que regula la actividad del Congreso estudiará a fondo la información aportada por los letrados y tomará una decisión , previsiblemente, en su próxima reunión, en diciembre. 

MÁS VETOS

El escrito de los juristas ha llegado a la Mesa justo el día en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha vuelto a presentar un veto a las leyes presentadas por la oposición y ya van 13. El Gobierno presentó el lunes a última hora un escrito en la Cámara baja reclamando la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del PSOE y otros grupos que exige subir las pensiones un 1,2%, por encima de la inflacción, para que los perceptores no pierdan poder adquisitivo. 

Al registrarse a última hora, la petición no ha sido analizada por la Mesa del Congreso, que precisamente ha recibido este martes el informe que pidió a los letrados el 17 de octubre para determinar si el Ejecutivo ha utilizado, conforme a ley, el derecho de veto que tiene para bloquear iniciativas que han sido aprobadas en las Cortes pero que superan el presupuesto del año en curso, o bien, la Moncloa no ha argumentado lo suficiente ese rechazo y se trata de una maniobra obstruccionista para cortar las alas a la oposición. Pero, ante el abultado volumen del dictamen de los servicios jurícios, los partidos que integran el órgano de dirección del Congreso han acordado darse un tiempo para estudiarlo y, en base a ello, tomar una decisión sobre si se admiten o no los límites gubernamentales a partir de la semana que viene.

Entre los 13 vetos hay proposiciones como la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que fue sancionada por el Congreso y que Mariano Rajoy se niega a aplicar bajo el argumento de que implicaría perder 615 millones de euros en subvenciones de la UE. También quedan en juego la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, la protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética; supresión de tasas judiciales y modificación del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad de los trabajadores subcontratados. 

El Gobierno ya ha anunciado, como adelantó este diario, que si el Congreso no rectifica y asume el veto, presentará, uno por uno, recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), comenzando por la Lomce. Que Rajoy acuda a los tribunales para no aplicar lo aprobado en el Parlamento constituye  una demostración de que está dispuesto a continuar el pulso que mantiene desde la pasada primavera, cuando las Cortes plantearon un conflicto de atribuciones porque el Gobierno en funciones se negaba a someterse al control parlamentario.

BLOQUEO O AMENAZA

La oposición lo observa con precaución. Por una parte, la resolución del TC podría tardar largo tiempo y, mientras, las proposiciones de ley llegarían al BOE y serían aplicadas. Pero además, sospechan, que la decisión del Ejecutivo es, de facto, una amenaza: si el Congreso aprueba políticas que excedan los gastos bendecidos por el PP, Rajoy podría concluir que no puede llevar a cabo su programa y convocar nuevas elecciones. 

“Ahora que el bipartidismo ha muerto en la Cámara Baja, el PP echa mano de todos los mecanismos posibles para evitar que el legislativo funcione con independencia y capacidad tanto de controlar al Ejecutivo como de, propiamente, legislar. La estrategia viene siendo siempre la misma: encontrar los vericuetos procedimentales para derivar este conflicto a algún limbo jurídico o reglamentario, que paralice de facto la capacidad que la Cámara Baja tenga de actuación”, opina Marcelo Expósito, secretario tercero de la Mesa (En Comú Podem).

El PSOE espera que el Gobierno asuma la decisión del Congreso, pero adelanta que está dispuesto a dar la batalla con la oposición si Rajoy decide tirar adelante con su maniobra obstruccionista. “Gracias a la aritmética parlamentaria el PP ya no puede pasar el rodillo y si lo que está haciendo es tratando de limitar la capacidad de legislar y anular la principal función del Parlamento, entonces está en un error”, afirma Isabel Rodríguez, portavoz adjunta del grupo socialista.

Para el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, insiste en que la Mesa debe controlar que el Gobierno no utilice el derecho al veto sin motivarlo y de forma indiscriminada. Reta al Ejecutivo a que acuda al TC y recuerda que, en todo caso, el conflicto ante los tribunales no paralizaría el procedimiento legislativo. “Si el Gobierno abusa de ese precepto legal, la Mesa deberá impedirlo”, señala en declaraciones a este diario. Ante ese dilema se encuentra la Mesa este martes. 

En el mientras tanto, la oposición ha encontrado una fórmula para sortear el veto: registrar las proposiciones de ley para ejercicios siguientes puesto que el bloqueo, que permiten la Constitución y el reglamento del Congreso, solo es posible al presupuesto del año “en curso”. Con esa estrategia En Comú Podem ha imposibilitado el veto a su primera victoria parlamentaria: la toma en consideración del aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ahora comenzará a negociarse. Salario Mínimo Interprofesional (SMI),

APLAZAMIENTO DE LA COMISIÓN SOBRE FERNÁNDEZ DÍAZ

Por otro lado, la Mesa ha decidido aplazar la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre la 'operación Cataluña' hasta que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se recupere de su lesión hepática.