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Los líos legales de Rita Barberá

El Supremo archivará su causa en el 'caso Taula', igual que ya pasó con las denuncias por 'Ritaleaks' y la Ley de Memoria Histórica

Roger Pascual

Rita Barberá llegando al Tribunal Supremo. / JOSE'LUIS ROCA/VÍDEO ATLAS

Rita Barberá llegando al Tribunal Supremo.
Barberá tras traspasar el control de seguridad del Tribunal Supremo.
Rita Barberá a la entrada del Tribunal Supremo.

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Los escándalos judiciales han perseguido a Rita Barberá en su último año de vida. Después de ser desalojada de la alcaldía de València en las municipales del 2015, la exsenadora del PP ha pasado a ser más noticia en los tribunales. Especialmente por su implicación en la 'Operación Taula' por presunto delito de blanqueo de capitales. Una causa que será archivada por su defunción, siguiendo el mismo camino que las denuncias por 'Ritaleaks' y la Ley de Memoria Histórica, a las que se dio carpetazo el pasado mes de julio.

Barberá había declarado este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido, como investigada (antes, imputada) por un delito de blanqueo de capitales, en la 'Operación Taula', derivada del 'caso Imelsa'. La que fuera alcaldesa de la capital valenciana durante 24 años defendió que no formaba parte del comité de campaña del PP valenciano, por lo que desconocía si se utilizaba el sistema investigado, consistente en aportaciones de 1.000 euros que luego eran devueltas en efectivo. Aseguró que su "misión era sacar votos" y que el único cargo que tuvo, además de la alcaldía, era formar parte del comité ejecutivo nacional del partido.

Por eso, negó saber si el grupo municipal del PP manejaba dos cuentas corrientes y que "lo desconocía todo absolutamente de las cuentas", lo que no le impidió negar "expresamente que en el PP de Valencia se produjera ningún tipo de financiación ilegal". En cualquier caso su causa ha muerto con ella. El artículo 130 del Código Penal refleja la muerte como una de las causas de extinción de la responsabilidad penal porque, a diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad civil, de esta no pueden responder sus herederos.

NI UNA PRUEBA

En julio la entonces senadora vio como se archivaban otras dos causas en su contra, una por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y otra, bautizada como 'Ritaleaks', por malversación de caudales públicos. En el primer caso fue denunciada por no retirar símbolos franquistas durante el periodo en el que fue alcaldesa de la ciudad, pero el alto tribunal valoró que no había incurrido en delito de desobediencia a ninguna orden directa y expresa para retirar esos símbolos. En el 'caso Ritaleaks' se la acusaba de irregularidades en gastos de representación cargados al Ayuntamientos entre el 2011 y el 2014. Pese a que la Fiscalía Anticorrupción apreció un delito continuado de malversación de caudales públicos, la Fiscalía del Supremo no vio indicios de delito en las 466 facturas por valor de 278.000 euros, que incluían el envío de cajas de naranjas a dirigentes del PP y viajes sin justificar.

Los regalos de la 'Gürtel' también la salpicaron. Pero, pese a que en las escuchas telefónicas Álvaro Pérez, 'El Bigotes', hablaba del bolso Louis Vuitton que le iba a regalar a la alcaldesa, nunca llegó a estar procesada, igual que en el 'caso Emarsa'. Y aunque José Castro, juez instructor del 'caso Nóos', la acusó de colaborar directamente con Iñaki Urdangarín para la organización del Valencia Summit, en septiembre del 2013 el TSJCV archivó la causa por falta de indicios de delito.

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