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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Rita Barberá se desvincula de la financiación de la campaña del PP valenciano

Dice que entregó 1.000 euros porque el partido necesitaba recursos económicos

Despliegan una pancarta contra la corrupción, mientras la exalcaldesa de València comparece ante el juez

Ángeles Vázquez

Rita Barberá llegando al Tribunal Supremo. / JOSE'LUIS ROCA/VÍDEO ATLAS

Rita Barberá llegando al Tribunal Supremo.
Rita Barberá a la entrada del Tribunal Supremo.
Barberá tras traspasar el control de seguridad del Tribunal Supremo.

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La exalcaldesa de València Rita Barberá ha asegurado ante el magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido, como investigada (antes, imputada) por un delito de blanqueo de capitales, que ella no formaba parte del comité de campaña del PP valenciano, por lo que desconoce si se utilizaba el sistema investigado, consistente en que se hacían aportaciones de 1.000 euros que luego eran devueltas en efectivo. Aseguró que su "misión era sacar votos" y que el único cargo que tuvo, además de la alcaldía, era formar parte del comité ejecutivo nacional del partido.

La exsenadora del PP, que ha contestado a las preguntas del instructor del caso en el alto tribunal, el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos y su defensa, ejercida por José Antonio Choclán, se ha negado a responder a la letrada de la acusación que ejerce el PSOE. La investigada admitió que ella había hecho una aportación de 1.000 euros a su partido, en su condición de política, porque "el partido necesitaba financiarse", pero negó que ese dinero se le hubiera devuelto en efectivo, como sí declararon en València dos de los investigados en el 'caso Taula'. Según dijo la senadora, la secretaria del grupo desde 1991, Mari Carmen García-Fuster, "no le comunicó ni le dio cuenta de esas aportaciones" y que era ella quien "llevaba cotidianamente el funcionamiento del grupo".

Ante el alto tribunal, la ahora senadora del Grupo Mixto explicó que en los periodos electorales se formaba un comité de campaña, del que formaban parte concejales, los portavoces del grupo municipal y varios militantes. Aunque ella no formaba parte, sí dijo que "tenía una relación constante" con sus miembros. Ella se dedicaba "al programa electoral y a estar en la calle" y el comité electoral tenía entre sus funciones "la provisión de fondos para la campaña".

Por eso, negó saber si el grupo municipal del PP manejaba dos cuentas corrientes y que "lo desconoce todo absolutamente de las cuentas", lo que no le impedió negar "expresamente que en el PP de Valencia se produjera ningún tipo de financiación ilegal", según consta en el acta su declaración, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

SIN INTERVENCIÓN EN ADJUDICACIONES

Barberá también fue preguntada por las adjudicaciones de contratos para la Mostra, en las que en varias conversaciones entre el arrepentido Marcos Benavent y otras personas, se manifiesta que se concedieron en función de las aportaciones que hacían al partido. La investigada dijo no haber intervenido en ellas y se limitó a señalar que se aprobaban por una comisión en la que estaban los principales técnicos municipales y tras recibir la propuesta de la mesa de contratación.

Al ser preguntada por su defensa sobre los extractos relacionados con la campaña, la exalcaldesa distribuyó la responsabilidad. En la de 2015 dijo que la persona que se encargaba de controlar los ingresos y los gastos era Alfonso Novo, mientras que Alfonso Grau era el organizador de la campaña. Después fue señalando quien dependía de cada uno, para concluir que ninguno de ellos le había "hablado sobre la existencia de una caja B" en el partido.

"CORRUPTA"

Barberá tuvo que escuchar cómo la llamaban "corrupta" y "borracha", cuando abandonó el Supremo, acompañada por su abogado. Los gritos procedían del grupo de seis personas que desplegaron una pancarta con el lema: "El poble valencià contra la corrupció. Impunitat zero".

Al declarar de forma voluntaria, ha evitado que el alto tribunal tramite por el momento su suplicatorio al Senado para poder investigarla. Además, la exalcaldesa ha podido completatr las explicaciones que dio por escrito al instructor del 'caso Imelsa', cuando este le ofreció la posibilidad de declarar. Fuentes del entorno de la política aseguran que, tras la dura negociación con el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, y la secretaria general, Dolores de Cospedal, la exalcaldesa aceptó darse de baja en el partido, pero no renunciar a su aforamiento para evitar en València el paseíllo que sí ha hecho hoy en el Supremo. Dichas fuentes, sostienen que teme al juez del 'caso Taula' y que no quería bajo ningún concepto someterse al "escarnio" de declarar en su ciudad de origen, informa Patricia Martín. Como ya no pertenece al PP, este partido se ha lavado hoy las manos y ha eludido comentar una declaración judicial "a título personal".

Por escrito, la senadora ya admitió la aportación al partido, pero negó el reembolso. El magistrado no debió entender sus explicaciones suficientes, porque en abril elevó la exposición razonada que llevó al alto tribunal a abrir una causa contra la exdirigente del PP, por blanqueo de capitales que se habría cometido en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València

BLANQUEO O FINANCIACIÓN ILEGAL

El objetivo de la declaración era que la exalcaldesa aclarara su participación en las donaciones de 1.000 euros efectuadas por todos los miembros de ese grupo y que luego les era devuelta por el partido en efectivo para supuestamente blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita. Acreditar este extremo será una de las claves del caso, porque sólo se puede blanquear dinero cuyo origen sea ilícito. Si no se pudiera determinar de dónde procedía, los hechos investigados en la 'operación Taula' únicamente podrían ser constitutivos de una supuesta financiación ilegal del PP valenciano, pero este delito no entró en vigor hasta julio de 2015, es decir, después de los hechos investigados.

El auto en el que el alto tribunal asumía la causa contra Barberá por ser aforada hacía suya la exposición razonada, que destacaba que ella "fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros” a una cuenta no fiscalizada del PP de València, y que "resultaría incoherente" imputar al resto de los aportantes y no hacer lo mismo con Barberá. La resolución subrayaba la posición de “superiora jerárquica” de la principal investigada del caso (la secretaria del grupo desde 1991, Mari Carmen García-Fuster), con la que le unía “una relación personal de estrecha confianza”. En la operación Taula, derivada del 'caso Imelsa', están imputadas otras 47 personas, ediles y colaboradoras de Barberá, así como el propio PP como persona jurídica.

ESCUCHAS Y CUENTAS BANCARIAS

El juez de 'Taula' explicaba en su escrito al Supremo que en una investigación sobre irregularidades en la contratación pública en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, la diputación provincial y las empresas públicas Imelsa y CIEGSA, se conoció una conversación telefónica referida a un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del grupo popular en el ayuntamiento tras las que se habrían recibido dos billetes de 500 euros.

En la conversación se aludía a García-Fuster como la persona que habría entregado los billetes y se citaba a Barberá, pero no se le imputaba nada concreto. El magistrado comprobó que en una cuenta del Banc Sabadell a nombre del grupo municipal del PP en València se habían realizado, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, aportaciones por importe de 1.000 euros por 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre las que estaba Barberá. Dos de los investigados reconocieron que su dinero les fue devuelto y cuatro testigos declararon que se negaron a hacer la donación, al temer que se tratara de una “turbia” operación de blanqueo.

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