El Supremo admite la personación del PSOE contra Rita Barberá
El abogado que designe el PSOE para que le represente como acusación popular podrá estar ya presente en la declaración que el próximo lunes prestará la exalcaldesa de València y actual senadora del Grupo Mixto Rita Barberá por un delito de blanqueo. El alto tribunal ha admitido la personación del partido, una vez que este ha hecho efectiva en metálico la fianza de 3.000 euros que le impuso el instructor del caso, el magistrado Cándido Conde-Pumpido.
El pasado 6 de octubre, el mismo día que acordó la citación de Barberá para que declare de forma voluntaria, sin necesidad de cursar aún el suplicatorio a la Cámara Alta, Conde-Pumpido impuso al PSOE una fianza de 3.000 euros para poder ejercer la acusación popular. En su auto, el magistrado alertaba del “serio riesgo de judicialización de la política” que supone la práctica, que no existe en los países de nuestro entorno, de que un partido político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario.
Añadía que ese riesgo existe en la medida en que esa práctica “transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política”, pero aún entendía que no podía negarse a aceptar la personación solicitada por los socialistas y la única condición que les ponía era hacer efectiva una fianza de 3.000 euros.
Una vez constatado que el partido la ha hecho frente en metálico en la cuenta de consignaciones de la Sala Segunda del Supremo, ya se le considera personado en el procedimiento, lo que permitirá a su abogado a estar presente en la declaración que prestará Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la operación Taula, vinculada al 'caso Imelsa'.
El instructor de ese caso en València, que investiga a los miembros del grupo popular del Ayuntamiento de València cuando ella era alcaldesa por un delito de blanqueo previsto en los artículos 301 y siguientes del Código Penal, entendía que debía ser investigada por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que ya están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.
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