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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

El juez sostiene que el PSC se lucró con la trama de Inipro

Considera a la formación "partícipe a título lucrativo" de los contratos con la empresa

Imputados la portavoz del Ayuntamiento de Tarragona y el exjefe de gabinete del alcalde

ESTHER CELMA / TARRAGONA

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, en la sede del PSC en Barcelona.

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, en la sede del PSC en Barcelona. / JULIO CARBÓ

Más sombras sobre los socialistas catalanes. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, Joaquín Elías, sostiene que el PSC fue "partícipe a título lucrativo" de la trama del 'caso Inipro'. En un auto, el magistrado estima que el partido se benefició de 337.168,97 euros, cantidad a la que ascendían los contratos presuntamente amañados con a la empresa Inipro. Sin embargo, aunque señala sin subterfugios al partido, el juez argumenta que no puede imputarlo porque el supuesto delito se cometió antes de la reforma del Código Penal que permite investigar a formaciones políticas por responsabilidades penales.

El magistrado vuelve a citar como imputado a Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, que ya fue detenido y puesto en libertad provisional en mayo, y añade a la lista a la portavoz del Ayuntamiento de Tarragona, la socialista Begoña Floria. Ambos están citados a declarar el 19 de enero. En un escueto comunicado, el equipo de gobierno municipal (PSC-PPC-UDC) ha expresado su "confianza y colaboración total" con la justicia.

"EN BENEFICIO DEL PARTIDO"

En cuanto al PSC, el juez delimita su responsabilidad, "en este momento", hasta el importe desembolsado por los acuerdos adjudicados a Inipro entre el 2010 y el 2012: 337.168,97 euros. Y concluye que "la actividad desarrollada por los sujetos de Inipro tenía por objeto realizar actividades en beneficio del partido". Aprovechó supuestamente su contrato con el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona para reclutar personal con la finalidad de hacer campaña en lugar de dar atención a inmigrantes como estaba previsto.

El contrato entre el IMSS y dicha empresa no podía prorrogarse, pero se hizo y se aumentaron injustificadamente sus honorarios. El alcalde, también imputado, autorizó esos pagos siete veces pese a las advertencias de ilegalidad. Él alega que lo hizo para no cometer “enriquecimiento injusto”.

LARGOS REGISTROS

La Guardia Civil registró el año pasado durante casi 20 horas la sede del IMSS. Semanas después, un empleado entregó al juez un disco duro en el que, entre otros, aparecieron correos presuntamente comprometedores que reflejarían que, en vez de atender a los inmigrantes,  los empleados se dedicarían a ser "PSC ciberactivistas Ballesteros” y apoyar al alcalde en las redes sociales. El magistrado ve indicios de delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas públicas.

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