27 sep 2020

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Referéndum relámpago

El soberanismo acortará los plazos de tramitación del plebiscito para no dar margen al Estado

La campaña podría durar 10 días, aunque la fecha y la pregunta se sabrán en breve

XABI BARRENA / FIDEL MASREAL/ BARCELONA

Colas para votar en La Salle de Gràcia el 9 de noviembre del 2014.

Colas para votar en La Salle de Gràcia el 9 de noviembre del 2014. / ALBERT BERTRAN

Como si fuera uno de esos edificios del paseo de Gràcia sometido a una gran reconstrucción en el que una gran lona protege las obras de la mirada de los curiosos, los arquitectos, aparejadores y albañiles del eventual referéndum de autodeterminación catalán  prosiguen sus trabajos, lejos de los ojos ciudadanos y, sobre todo, de los instrumentos judiciales del Estado. La intención de los partidos soberanistas, en alianza con las entidades, es, según ha podido saber este diario, quitar la ‘lona’ todo lo tarde que puedan, para dejar sin margen de maniobra al Gobierno de Mariano Rajoy.

 Se trata de un referéndum en dos velocidades. Una de fuego lento y otra relámpago. Según fuentes soberanistas de variopinto color político, por un lado, y antes de que finalice el año, se comunicará la fecha exacta de la cita con las urnas, es decir, qué día de la segunda quincena de septiembre se va a celebrar.  La cumbre soberanista que el Govern -ahora ya con el ‘placet’ de la CUP para admitir a trámite los presupuestos- está presto a organizar podría ser el marco ideal para dar a conocer tanto la fecha, como la pregunta. Esta última dará poco lugar a las sorpresa. Será clara y meridiana y de respuesta binaria, nada que ver con la del 9-N. Seguramente con alguna alusión a la pertenencia a la Unión Europea.

Con el nuevo año se emprenderán las campañas de movilización, del Govern, y de proselitismo del ‘sí’, en manos de las entidades, en una especie de remedo de la de ‘Ara És l’Hora’. ¿Pueden ser impugnadas por el Estado? Las fuentes soberanistas lo ven difícil por cuanto creen que con lo que se ha aprobado en el Parlament tienen cobertura sobrada (véase pieza contigua).

Y luego estaría la ‘operación relámpago’. Sabedores, por experiencia propia del 9-N, de que el Estado no puede actuar hasta que el Govern ha firmado algún documento o el Parlament ha votado una ley o resolución, los arquitectos del referéndum han previsto una secuencia rápida de golpes muy cercana al día de las eventuales votaciones.

PRECEDENTE KOSOVAR 

El arquitrabe de todo son las leyes de desconexión, sobre todo la de transitoriedad jurídica que dirá, más o menos, que la legalidad española deja de aplicarse en Catalunya. Una declaración de independencia susurrada más que proclamada a los cuatros vientos. Los expertos jurídicos independentistas no albergan dudas de que, llegado el caso, el Tribunal Jurídico Internacional les daría la razón, y más con el antecedente del Kosovo, en la que los jueces alegaron que la unilateralidad no era ningún problema y convinieron en que la declaración kosovar no atentaba contra la legalidad internacional.

Inmediatamente después de la aprobación de la ley de desconexión, Carles Puigdemont o el mismo Parlament, convocarían el referéndum. El día de la convocatoria distaría lo menor posible del día D, partiendo de la base de que está aceptado que para un referéndum basten 10 días de campaña (por ejemplo, ley de referendos española de 1980) se trataría de acortar al máximo los plazos obligatorios de consulta de censo y constitución de mesas electorales.

Hay un ejemplo reciente de referéndum realizado apenas una semana después de su convocatoria, el de Grecia sobre las medidas de la Troika. En el caso catalán, la fecha y la pregunta se conocerían desde 10 meses antes y la campaña duraría más de una semana. Es decir, el referendo griego sería aun más extremo, aunque cuando se celebró no fueron muchas las voces las que dudaron de su legalidad.

LEGALIDAD INTERNACIONAL

Los arquitectos siguen al pie de la letra el ‘Código de buenas prácticas sobre referendos’ que emitió la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia. En ella se hace especial hincapié en que las dos posiciones confrontadas, el ‘sí’ y el ‘no’ tengan las mismas oportunidades. No se exige neutralidad a las entidades convocantes, pueden "aportar su punto de vista, pero siempre sin abusar de su posición y, en cualquier caso, se prohíbe el uso de dinero público para la campaña".

El gran perjudicado de referéndum sería el llamado proceso constituyente. Una gran campaña de participación pública que se previó como el paso anterior a las elecciones constituyentes de un Parlament que tendría como misión escribir una constitución. Sin constituyentes hasta, según el calendario soberanista, en marzo del 2018, esta campaña no es que se suspenda, porque “hay que ilusionar a la gente dibujando un país distinto al actual”, apunta una voz, pero sí que se redimensiona su magnitud.