La juez enmarca la agresión de Alsasua en el "clima de miedo" creado contra los agentes

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que los agresores de los guardias civiles atacados en Alsasua (Navarra) el pasado 15 de octubre tienen como objetivo "crear un clima de miedo" e "influir ostensiblemente y de manera negativa en la calidad de vida" de los agentes, para que tanto ellos como sus familiares lleguen "a tener miedo o dificultades para realizar actividades tan cotidianas como realizar compras en comercios, poder disfrutar de tiempo libre en compañía de la pareja o apuntar a sus hijos a actividades" extraescolares. 

En el auto en el que pide al juzgado de Pamplona que remita las actuaciones a la Audiencia Nacional, al entender que lo ocurrido no fueron solo delitos de atentado y lesiones, sino también de provocación a la discriminación, odio y violencia contra grupos, en concurso con terrorismo, la magistrada identifica a las doce personas que participaron en la agresión. Tres de ellas, según la juez, "podrían encontrarse entre los principales promotores de las movilizaciones" celebradas en Alsasua contra la Guardia Civil.

Se trata de Jokin Unamuno Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda y Edurne Martínez, quienes han participado en actos del movimiento Ospa (Fuera) bajo los lemas "Aloe Hemendik" (Que se vayan) contra la Guardia Civil y la Policía Foral.

La resolución explica que el 15 de octubre, un teniente y un sargento de la Guardia Civil se encontraban con sus parejas en el bar Koxka, cuando pasadas las tres de la madrugada llegarón allí Unamuno y Nahia Bengoetxea. Se encararon con los agentes y les dijeron que no tenían derecho a estar ahí. Las entre 20 y 25 personas que estaban en el bar procedieron a rodear a los agentes, mientras les insultaban y les gritaban "iros de aquí" hasta que empezaron a golpearles.

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Los guardias y sus parejas salieron y en la calle se encontraron con otro grupo de entre 15 y 20 personas que también les insultaron y les pegaron hasta que una pareja de la Policía Foral consiguió detener a los agresores.

La magistrada destaca que la campaña contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue promovida en sus orígenes por Gestoras pro Amnistía y ha contado con el apoyo de Jarrai, Haika y Segi, todas ellas ilegalizadas por su integración en ETA. El relevo, según la resolución, lo han tomado "plataformas populares vinculadas al entorno abertzale radical" que "realizan todo tipo de acciones de protesta, presión y hostigamiento" contra la Policía y la Guardia Civil, "buscando provocarles una sensación de continuo miedo e inseguridad e impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad".