Rajoy se enfrenta a la renovación del TC al inicio de la legislatura

Una transeúnte pasa junto a la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.

Una transeúnte pasa junto a la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

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Todo retraso tiene sus consecuencias y el sufrido en la formación de Gobierno ha conducido a que uno de los primeros retos que deba afrontar su presidente, Mariano Rajoy, apenas cuando la legislatura está empezando, sea un asunto que en ciertos momentos ha sido muy complicado: la renovación del Tribunal Constitucional, que a nadie se le escapa que volverá a tener un papel crucial el próximo año frente a los avisos independentistas de que se aprobarán leyes de desconexión y la convocatoria de un referéndum.

El alto tribunal se compone de 12 miembros que son nombrados por tercios cada nueve años. En este caso, los cuatro magistrados cuyo mandato finaliza el próximo 29 de diciembre sólo han estado seis, porque la vez anterior el Senado tardó tres años en renovar su cuota. Algo que no tendría que pasar ahora, al no preverse ningún cambio sustancial de sensibilidades en el Constitucional y dado que el PP goza de mayoría absoluta en esta Cámara, aunque Rajoy

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ha escenificado su intención de diálogar con todas las fuerzas desde el minuto uno de la legislatura. 

En cualquier caso, en 2010, cuando el Senado procedió por fin a renovar los cuatro magistrados que le correspondían se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para incluir que "si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación”.

Eso es lo que ocurrió con el actual presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, la vicepresidenta, Adela Asua, y los magistrados Francisco Hernando y Luis Ortega, aunque estos dos últimos han fallecido en estos años y sólo se ha procedido a reemplazar al primero. 

La vacante de Ortega, fallecido el 15 de abril de 2015 en un receso del pleno del tribunal, no ha sido aún cubierta; por Hernando se había incorporado en marzo de 2014 el magistrado Ricardo Enríquez. Fuentes del alto tribunal destacaron la peculiaridad de su caso, ya que que al no haber transcurrido tres años desde designación es el único que podría ser renovado para otro mandato si así lo decidiera la Cámara Alta.

POR LAS COMUNIDADES

Los senadores eligen a los cuatro magistrados que les corresponden a través de las ternas presentadas por las comunidades autónomas, un trámite que puede dificultar una elección que las fuentes consultadas en el alto tribunal no confían que se produzca antes, en el mejor de los casos, de Semana Santa o el próximo verano. 

Una expectativa nada mala si se la compara con la experiencia anterior, donde el empecinamiento del PP por nombrar al magistrado Enrique López y el intento del PSOE de blindar en la presidencia a María Emilia Casas llevó a marcar el récord de que la renovación se bloqueó durante tres años. 

López fue rechazado por la Mesa del Senado, aunque acabó siendo elegido después por el Congreso. En junio de 2014 dimitió, al haber sido cazado conduciendo ebrio una moto de gran cilindrada. En su lugar entró Antonio Narváez.

ESCENIFICACIÓN DE DIÁLOGO

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Las circunstancias de 2016 y 2010 son tan distintas que es difícil que se plantee una situación como aquella, la más grave que vivida desde la entrada en vigor de la Constitución.

Ahora el Partido Popular cuenta en el Senado con una abultada mayoría, que podría hacer innecesario un pacto con otras formaciones a la hora de elegir a los futuros magistrados, ya que por sí solo reúne los tres quintos imprescindibles para este nombramiento. 

Sin embargo, Rajoy podría tratar de buscar algún acuerdo para la renovación pendiente. Es en lo que confían fuentes socialistas que, aunque admiten que aún no han podido centrarse en la futura renovación, esperan que el PP articule alguna fórmula de acuerdo para abordar la elección, informa Juan Ruiz Sierra.

Un consenso que se podría plasmar en la designación al menos de uno de los cuatro magistrados pendientes de renovación, puesto que, tras el fallecimiento de Ortega, sólo la vicepresidenta, Adela Asua, podría incluirse en el bloque de sensibilidad progresista del alto tribunal. 

Su posición ha quedado reflejada en los votos particulares que suele formular con sus compañeros Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol en distintas sentencias, como la que levantó el veto a los toros en Catalunya o la que ha avalado las nuevas armas con que el Gobierno del PP, en los estertores de su mayoría absoluta, dotó al Constitucional para combatir la desobediencia de sus resoluciones. Ambas se aprobaron por ocho votos a favor y tres en contra.

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