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LA DUODÉCIMA LEGISLATURA

Rajoy, la vicepresidenta y el dosier catalán

El presidente planea pactar temas que afectan a Catalunya y el PP da por hecho que lo gestionará Santamaría

Los 23 puntos de Mas y las demandas no soberanistas de Puigdemont, otra financiación y una posible reforma de la Constitución están sobre la mesa

Pilar Santos Gemma Robles

Se ha cansado Mariano Rajoy de repetir en las múltiples intervenciones parlamentarias que ha protagonizado estos días, con motivo del pleno de su investidura, que con la Generalitat hay que dialogar. Y llegar a acuerdos. Pero ha evitado cuanto ha podido extenderse en el sobre qué. Sí le ha dedicado más energía al sobre qué no, recalcando que en ningún caso permitirá un referéndum en el 2017 que gire en torno a la independencia y que, en este terreno, la aspiración de un pacto con el Estado es una pura quimera. Advierte de que tampoco habrá clemencia con las autoridades catalanas que traspasen, a su entender, las decisiones de los tribunales, aunque les cueste la inhabilitación. Y se buscará la complicidad del PSOE Ciudadanos para garantizar que así sea.

En esta línea se ha pronunciado también en las últimas horas su hasta ahora vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de quien casi todos los populares dan por hecho que gestionará esta legislatura lo que podría llamarse el 'dosier Catalunya', tanto si el presidente decide nombrar un ministro que se dedique específicamente a las Administraciones Públicas --segregándolo de Hacienda-- como si le entrega a Santamaría este área. Ella, dicen los conservadores, será la que tome las grandes decisiones 'a la catalana'.

Pese a las advertencias públicas, recientes y solemnes sobre los límites del Ejecutivo central, Carles Puigdemont mantiene su intención de solicitar a Rajoy una reunión inmediata para abordar el asunto de la consulta. El jefe del Govern sabe de antemano que se va a encontrar con un sonoro 'no es no' al otro lado de la mesa. En todo caso, quizá pueda Puigdemont obtener detalles de cuáles son esos otros asuntos sobre los que el presidente recién reelegido sí está dispuesto a ceder.

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL

La pasada semana confirmó Rajoy que, como ya había adelantado este diario, pretende impulsar la reforma del sistema de financiación y colocar sus cimientos en una Conferencia de Presidentes que se va a celebrar en el Senado, en la que también se hará "un diagnóstico compartido" de la salud de la España autonómica. Precisamente a esta reunión el 'president' ha adelantado que no piensa acudir, aunque el área de Economia de la Generalitat está al tanto de los trabajos previos y técnicos que ya se han ido haciendo pensando en dicha reforma en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y es que la modificación del modelo con el que se financian las comunidades, y con el que muchas están a disgusto, no es una concesión del Gobierno popular, sino una obligación legal. Otra cosa será el camino que se elija y las barreras que pongan (o levanten) los populares. 

Un gesto de buena voluntad será ver si Rajoy deja de contar con Fernández Díaz tras el escándalo de las escuchas

El miércoles, en el capítulo de su discurso referido a Catalunya, Rajoy dijo lo siguiente: "Estoy dispuesto a buscar fórmulas que acomoden mejor la necesaria solidaridad interterritorial. Pero el primer paso hacia soluciones que sean más justas pasa por el respeto a la legalidad y a los derechos de todos los españoles".

BALANZA FISCAL

Obviamente la parte más clara de su aseveración es la segunda, donde deja claro a las autoridades de Catalunya que o respetan los márgenes de la ley o la 'carpeta catalana', esa que supuestamente va a gestionar Santamaría (con ayuda de otros ministros seguramente), se puede cerrar de nuevo con candado. En cuanto a la búsqueda de "nuevas fórmulas" que afecten a la "solidaridad interterritorial", el enunciado supone una novedad en sí misma dicha en boca de un conservador, puesto que llevan años negando que haya solidaridad posible entre territorios. ¿En qué está pensando el Gobierno? Según apuntan algunos de sus miembros, en una rectificación y mejora de la balanza fiscal, de forma que se reciba más sin tener que incrementar la aportación (hecho que puede haber sido aceptado a regañadientes entre los monclovitas, pero que previsiblemente seguirá provocando sarpullidos a dirigentes como Cristóbal Montoro).

Hasta hace unos meses el modelo global de financiación que populares como Santamaría y el propio Montoro tenían en mente era uno que naciese del cálculo medio que supone garantizar en las autonomías un paquete de servicios públicos básicos. Sobre esa cifra se estimaría la aportación del Estado. A partir de ahí, se sopesaba abrir la mano a que las autonomías tuviesen mayor capacidad fiscal y buscar nuevos nichos sobre los que crear impuestos. Eso sí, sin llegar a las tesis de otro compañero de bancada, José Manuel García-Margallo, partidario directamente de ceder, con todas las consecuencias, la recaudación de una cesta muy relevante de impuestos a las comunidades.

Está por ver si el nuevo tiempo político, sin mayorías absolutas, trae bajo el brazo un modelo distinto e, incluso, otro ministro de Hacienda distinto a Montoro. Si continuara, tampoco está descartado que tenga por encima un vicepresidente económico en esta legislatura.

LA CARPETA DE 23 PUNTOS

Además del dinero, en el Ejecutivo popular afirman que se puede avanzar en la resolución de las demandas que, ya hace años, Artur Mas llevó hasta Madrid en un cuaderno de 23 puntos con reivindicaciones sociales o infraestructuras que poco tenían que ver con la temida independencia. Y que después fue recogido, ampliado y de nuevo entregado en la Moncloa por su sucesor, Puigdemont. Precisamente fue Santamaría quien comenzó a analizar estos documentos primero con su homóloga, Joana Ortega, y después, con Oriol Junqueras. Pero la coyuntura política hizo que quedaran aparcados.

Sin embargo, de los dos temas más espinosos que conciernen o pueden concernir a Catalunya y de los que la oposición ha pedido cuentas a Rajoy, hay uno en el que el presidente deberá mojarse de forma inmediata: la continuidad, o no, de Jorge Fernández Díaz (supuesto responsable de la guerra sucia contra políticos catalanes) en su equipo. Ha sido reprobado por el Congreso y una comisión de investigación le espera a la vuelta de la esquina. El otro es la posible reforma constitucional que amaga con abrirse paso en los próximos meses. El PSOE ha reclamado una subcomisión en el Parlamento. El jefe del Ejecutivo no se ha atrevido a negarse, y dice que prefiere pensarlo un poco antes de dar el paso.