Más de 15 leyes antisociales del PP podrían ser derogadas

Si todos los partidos de la oposición mantuvieran las posiciones adoptadas en el primer mandato de Rajoy, la lista de derogaciones que este debería asumir en el terreno social sería casi interminable. Empezando por la obra del polémico exministro de Educación José Ignacio Wert. La LOMCE ha suscitado las mayores cotas de rechazo que se recuerdan en la comunidad educativa. Todo el arco parlamentario, del PNV hacia la izquierda, se comprometió a derogarla. Habrá que ver como se conjuga esta promesa con el pacto de Estado de educación que el PP ha ofrecido negociar en seis meses. Los recortes de la becas y las carreras universitarias de tres años también podrían quedarse por el camino.

La derogación de la 'ley mordaza' puede suscitar aún más unanimidad. Todo el arco parlamentario, con algún matiz por parte de Ciudadanos, está de acuerdo en que es inconstitucional porque deja en manos de la policía sanciones sobre las que debería entender la justicia y porque colisiona con el derecho de reunión y manifestación. En el terreno penal también habría mayoría suficiente para acabar con la cadena perpetua revisable. Lo mismo que las tasas judiciales.

MEDIDAS SANITARIAS

Otras cuestiones tendrían un importante impacto presupuestario y el PP podría acogerse quizás a su derecho de veto por poner en peligro el equilibrio fiscal. Son, por ejemplo, la devolución del derecho a la sanidad pública para los ‘sin papeles’, el copago sanitario, las prestaciones por hijo a cargo para luchar contra la pobreza infantil, la dación en pago contra los desahucios y el alargamiento de los permisos de maternidad o paternidad. En varios de ellos ya hay propuestas registradas en el Congreso con votos potenciales suficientes para salir adelante.

En el terreno medioambiental hay consenso en borrar del mapa legislativo el impuesto al sol, las amputaciones de las renovables o el cierre de la nuclear de Garoña.

Otro gran capítulo es la reversión de los recortes en sanidad y educación pero su terreno de discusión son el techo de gasto, el límite de déficit y el nuevo sistema de financiación autonómico, algo mucho más complejo.