El fiscal pide al juez que cite a un concejal de Vic por incitar a la sedición

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha pedido al juez Ismael Moreno que cite a declarar como investigado (antes imputado) al edil de la CUP de Vic Joan Coma Roura, al entender que durante su intervención en el pleno del 9 de diciembre del 2015 cometió un delito de incitación o provocación a la sedición por llamar en público a desobedecer a los tribunales españoles.

Aunque la investigación ya se dirigía contra el edil desde el pasado mes de marzo, ahora la Fiscalía solicita formalmente su citación como investigado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia, que tiene diligencias abiertas por la aprobación por el consistorio de una moción de apoyo a la declaración soberanista del Parlament que el Tribunal Constitucional había anulado.

En su escrito, el ministerio público sostiene que "la declaración pública" que realizó Coma Roura "incitando a impedir fuera de las vías legales la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional" reviste los requisitos exigidos para considerar que cometió un delito de incitación o provocación a la sedición.

EL ALCANCE DE LAS MANIFESTACIONES

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Según el fiscal, sus palabras "en modo alguno pueden calificarse como espontáneas o individuales", se profirieron de manera pública por una autoridad, pedían la desobediencia a resoluciones judiciales y tuvieron "un alcance más allá de las intenciones". La petición al juzgado se basa en un informe remitido por los Mossos d'Esquadra del pasado 24 de febrero sobre la conducta en el pleno de diciembre del edil.

Aunque la mayoría de las denuncias presentadas por el fiscal contra los ayuntamientos que apoyaron con mociones la declaración soberanista han sido archivadas, aún siguen adelante algunas, como la relativa a Vic. Fuentes fiscales señalaron que la actuación del ministerio público se dirige únicamente contra el edil porque con su intervención excedió con creces los hechos que serían imputables por el apoyo a la declaración anulada por el Constitucional.