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El 'caso Inipro' se le complica a Ballesteros

El interventor del Estado opina que la empresa cobró por trabajos que no hizo

La CUP exige al alcalde explicaciones y Ciutadans pedirá su dimisión si se abre juicio oral

ESTHER CELMA / TARRAGONA

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, a su llegada a los juzgados para declarar por el caso Inipro.

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, a su llegada a los juzgados para declarar por el caso Inipro. / JOAN REVILLAS

¿Qué labor desempeñó la empresa Inipro para cobrar cerca de 275.000 euros en tres años del Ayuntamiento de Tarragona? La CUP siempre ha sostenido que ninguna y ahora, un informe del interventor del Estado va en esa misma línea y complica las cosas al alcalde, el socialista Josep Félix Ballesteros. El peritaje, encargado por el juzgado número 1 de Tarragona, concluye que, según la documentación entregada por el consistorio, no se puede acreditar que Inipro, contratada en el 2010, hiciera los trabajos cobrados hasta el 2012.

El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMMS) contrató a Inipro en el 2010 para un servicio de atención a los inmigrantes, por el que cobró 61.000 euros. Se contrató por procedimiento negociado y sin publicidad, y una vez acabado el contrato, se prorrogó otros 21 meses, por lo que percibió otros 215.000 euros más. El peritaje judicial concluye que esas facturas eran nulas de pleno derecho porque el contrato era improrrogable.

FACTURAS EN SIETE OCASIONES

Ballesteros autorizó facturas en siete ocasiones pese a las advertencias en contra, por lo que está imputado por tráfico de influenciasprevaricación, alteración de precio de subasta y malversación.

El alcalde siempre ha argumentado que los trabajos estaban hechos y debían pagarse o cometería enriquecimiento injusto. Sin embargo, el interventor del Estado también considera del todo injustificado que en el 2011, las facturas fueran de mÁs de 102.000 euros, más de un 81% respecto de las facturas del 2010 (56.000 euros).

La denunciante del caso y portavoz de la CUP, Laia Estrada, ha avanzado que su grupo pedirá explicaciones a Ballesteros en el pleno de este viernes y ha manifestado sus sospechas de que se trata de “un caso de financiación irregular de un partido”. “Muy probablemente estemos ante el intento fallido de importar un modelo de funcionamiento extendido en el área metropolitana de Barcelona”, ha señalado Estrada.

"FINANCIACIÓN IRREGULAR"

El jefe de la oposición, Rubén Viñuales (Ciutadans), también sospecha de “financiación irregular” y ha anunciado que si se abre juicio oral pedirán la dimisión de Ballesteros. “Siempre nos ha asegurado que los trabajos estaban hechos y que era una mala praxis, pero esto se demuestra cada vez más opaco y pedimos transparencia”, ha reprochado Viñuales al alcalde.

Gran parte del caso está bajo secreto de sumario, pero se sabe que el juez investiga a otros ayuntamientos de la órbita socialista clientes de Inipro.

Entre los imputados constan el dimisionario primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero, y la Guardia Civil también registró dependencias municipales de  Palau-Solità i Plegamans.

"IGNORANTE O CÓMPLICE"

Estrada ha emplazado al alcalde a aclarar “qué papel tuvo, si el de ignorante o el de cómplice” y “quien trajo esa empresa a Tarragona”.

Además de que el contrato no se podía prorrogar, existen dudas sobre el motivo de su contratación. El juez ya señaló en un auto que las tres empresas invitadas al procedimiento negociado estaban vinculadas, ya que Itinere e Inipro pertenecen al mismo grupo y la tercera, Gallet, era una gestoría que trabajaba para ellas, por lo que ya vio indicios de un “carácter presuntamente fraudulento del concurso".

El magistrado cree que se prescindió de cualquier competencia y que todo “parece apuntar a que se buscaba adjudicar el contrato a una empresa en concreto".

Por su parte, el portavoz republicano, Pau Ricomà, ha acusado en un comunicado a Ballesteros de “mentir deliberadamente”, lo que “afecta directamente a la credibilidad del gobierno municipal y perjudica a la imagen de Tarragona”. También el portavoz de CDC, Albert Abelló, ha celebrado que “ la justicia siga dando pasos adelante”. El abogado del alcalde, David Rocamora, ha replicado que “el informe no ha tenido en cuenta todos los testigos que han acreditado que sí se hicieron los trabajos”. Rocamora ha agregado que “el informe avala que, de no haber pagado, se habría cometido un enriquecimiento injusto". También ha subrayado que "el alcalde no tiene competencias en el control y la ejecución de unas tareas que iban a cargo de una gerencia” y ha lamentado "el uso partidista que se hace del caso".

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