El Supremo abre causa penal contra Rita Barberá por blanqueo de capitales en el 'caso Imelsa'

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes imputar y abrir causa contra la exalcaldesa de València y senadora del PP Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, en el marco de la operación Taula, derivada del 'caso Imelsa'. En esta investigación están imputadas otras 47 personas, entre regidores y colaboradores de Barberá, además del PP como persona jurídica.

El Supremo se acoge así al criterio de la fiscalía, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del caso, que investiga las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El auto destaca que la exposición razonada del juez del ‘caso Taula’ señala que Barberá “fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros” a una cuenta no fiscalizada del PP de València, y que "resultaría incoherente" imputar al resto de los aportantes y no hacer lo mismo con Barberá. El magistrado subraya también la posición de “superiora jerárquica” de la principal investigada del caso (la secretaria del grupo desde 1991, Mari Carmen García-Fuster), con la que destaca que le unía “una relación personal de estrecha confianza”.

El auto, firmado por el presidente de la Sala II, Manuel Marchena, concluye que “resulta imprescindible continuar la investigación” sobre los hechos y sobre la participación en ellos de Barberá, por si pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal.

ESCUCHAS Y CUENTAS BANCARIAS

Según la exposición razonada del juez de 'Taula', en una investigación sobre irregularidades en la contratación pública en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, la diputación provincial y las empresas públicas Imelsa y CIEGSA, se tuvo conocimiento de una conversación telefónica -cuya escucha se hizo con autorización judicial- según la cual se habría realizado un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del grupo popular en el ayuntamiento, a cambio del que se habrían recibido, en efectivo, dos billetes de 500 euros.

En la conversación se aludía a García-Fuster como la persona que habría entregado los billetes y se citaba a Barberá, pero se le imputaba nada en concreto a la exalcaldesa. Realizadas las investigaciones pertinentes, siempre según la exposición del juez, se pudo comprobar que en una cuenta del Banc Sabadell a nombre del grupo municipal del PP en València se habrían realizado determinadas aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas Barberá.

El magistrado investiga ahora si, bajo esas aportaciones de 1.000 euros que todos los investigados reconocen haber efectuado, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del PP. También se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado. Hasta el momento, dos investigadas han reconocido haber sido reembolsadas por ello y cuatro testigos han declarado que se negaron a efectuar las donaciones porque vieron que era una operación “turbia” de blanqueo.

El instructor de la causa que ha puesto contra las cuerdas a Barberá y al Partido Popular será el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.

PRIMERA REACCIÓN DE BARBERÁ Y EL PP

Barberá tenía previsto asistir esta tarde al Senado, a las comisiones de las que es vocal, pero ha excusado su presencia con el argumento de que tenía que estudiar el auto del Supremo. Mientras tanto, el PP guarda silencio sobre el caso y Mariano Rajoy ha evitado, durante un paseo electoral en Galicia, pronunciarse. Normalmente ante situaciones similares el partido conservador espera a que el implicado dé un paso atrás voluntariamente, lo que evitaría a Rajoy el mal trago de tener que pedir a Barberá que renuncie a su escaño o apartarla de militancia.

El PP está dividido sobre qué hacer ante el escándalo que afecta a una de sus patas negras. Buena parte de los dirigentes estaban a la espera de que Supremo abriera una investigación, para que Rajoy actuara al fin contra Barberá. Pero otros, más partidarios de mantener la presunción de inocencia, creen que hay que esperar a la apertura del juicio oral. Entre ellos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que este miércoles se ha mostrado partidario de aguardar a que haya una acusación más formal contra la exalcaldesa.