El TC no dictaminará antes de dos meses sobre Forcadell

El Tribunal Constitucional (TC) prevé resolver el incidente de ejecución de sentencia que afecta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en un plazo que va de dos a seis meses, aunque evitará el período electoral que se podría abrir en diciembre si finalmente hay que repetir las elecciones españolas. Los magistrados emitirán primero la sentencia sobre la reforma de la ley orgánica del propio TC que le otorga nuevas atribuciones, precisamente las que le permitirían sancionar o suspender los cargos que hagan caso omiso de sus sentencias. La reforma, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy habría generado malestar entre los mismos miembros del TC. No solo porque consideran que el Ejecutivo les traslada la responsabilidad de resolver problemas políticos, sino porque existen dudas sobre su constitucionalidad.

La Generalitat y el Gobierno vasco recurrieron esta reforma, que otorga al TC la capacidad de "imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno, aunque esté en funciones, la ejecución sustitutoria". Y "todo ello, sin perjuicio de que puedan existir las responsabilidades penales que correspondan".

LA VÍA DEL TC

El calendario del TC pasa primero por clarificar cuáles son las atribuciones "coercitivas" de que el tribunal dispone y su encaje constitucional, y decidir después si -como quiere el Gobierno español- las aplica a la presidenta del Parlamento para incumplir la sentencia sobre el 9-N en someter al pleno de la Cámara catalana las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

Según fuentes jurídicas, los magistrados quieren evitar que se interprete su resolución como una injerencia en el proceso electoral. Descartan por ahora resolver el tema durante la campaña electoral de diciembre -si hay terceras elecciones- y aspiran también a emitir una resolución por unanimidad que impida evidenció ninguna fractura interna sobre la decisión. El TC entiende que en la medida que estos nuevos mecanismos son "coercitivos", el objetivo final es evitar nuevos incumplimientos, y no generar situaciones que profundizan aún más en este incumplimiento. Según sea la resolución del tribunal sobre la ley orgánica del TC, los magistrados dispondrán de más o menos mecanismos para actuar contra la Generalitat y el Parlament de Catalunya, y en base a estos mecanismos decidirán cuál aplican a la presidenta del Parlament.

Fuentes del TC apuntan, sin embargo, que los magistrados podrían optar también para trasladar el caso a la Fiscalía, tal como consta en la petición del Gobierno español, y dejar de este modo la resolución del conflicto en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que es quien debería aceptar el procedimiento por la vía penal. Sea cual sea la decisión que adopte el TC, si la presidenta del Parlament no comparte el contenido sólo tendrá opción de presentar un recurso de amparo ante el mismo TC. Más allá de eso, le quedará abierta la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo.