El PP deja el Congreso amordazado

Se venían ufanando dirigentes del PP toda la semana por los pasillos del Congreso. Se jactaban de que Luis de Guindos no acudiría a dar explicaciones ante el pleno, aunque la oposición al completo se empeñase en llevarle arrastras hasta el escaño. Presumían, para el pasmo generalizado, que ningún mandato doblegaría la decisión del Gobierno de proteger a su ministro de Economía, acusado por los grupos de mentir en la gestión del ‘caso Soria’.

Y no era un farol. La vicepresidenta confirmó este viernes el veto, para decepción de letrados de la Cámara, oposición y juristas de derecho constitucional, que llegan a la conclusión de que el bloqueo impuesto por Mariano Rajoy amputa una de las funciones primordiales que la Carta Magna atribuye al Parlamento: la fiscalización al poder ejecutivo. Consideran que la actuación de la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, ha ayudado a colocar una mordaza a la Cámara en tiempos de incertidumbre y que ha actuado, sí, reglamentariamente, pero utilizando resquicios legales para blindar al PP. Los juristas parlamentarios se revuelven. “Es falso que Pastor tenga que esperar a una notificación del Gobierno para convocar el pleno”, alegan, en protesta por una lentitud en la que solo ven ánimo para favorecer que el ministro evite lo áspero del hemiciclo y solo se exponga en el formato ‘amable’ de una comisión.

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Visto lo sucedido con Guindos, la única posibilidad de recuperar el control al Gobierno es una sentencia del Tribunal Constitucional que está ya fuera de plazos y no llegará, como pronto, hasta final de mes. La justicia debe resolver un pulso entre Parlamento y Gobierno de resultado difícil de prever. 

COSTE POLÍTICO, COSTE JURÍDICO

El PP ha elegido entre dos peajes. El veto tiene un coste político: la imagen de huída del PP con la “connivencia” -según la oposición- de la presidenta del Congreso. Y tiene, también, un coste jurídico. Alegan los conservadores que la comparecencia de Guindos en pleno resultaría incongruente con los argumentos que el Ejecutivo ha defendido. Se derrumba la coherencia entre lo expuesto y la actuación. Incluso en el PSOE afilaban cuchillos. A la vez que exigían que fuera a pleno, admitían en conversaciones informales que, si iba, elevarían un escrito al TC para subrayar la contradicción. 

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Expertos constitucionalistas admiten ese ese riesgo jurídico, pero lo relativizan porque les parece una lectura excesivamente “formalista”. Ignacio García-Vitoria, profesor de Derecho Constitucional, defiende que lo que los magistrados examinarán es la protección de un bien jurídico consustancial al Estado de derecho: el significado del control parlamentario y la división de poderes, los cuales, opina, pesan más que la costumbre o los precedentes.

Solo ha habido dos conflictos similares. Un nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial, y la declaración de urgencia en la reforma de la Ley del Aborto que Felipe González intentó tramitar a final de su legislatura, pero fue frustrada por un bloqueo del PP en el Senado. El TC falló a favor del Gobierno, pero el PSOE tuvo que esperar hasta la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero para cambiar la ley. 

El TC tiene ahora en sus manos resolver si un Gobierno en funciones puede eludir a un Congreso en funcionamiento. Si puede nombrar cargos, pero evitar preguntas incómodas.