Rajoy y Guindos arguyen que sería "ilegal" negarle el puesto a Soria

Mariano Rajoy afrontó este fin de semana el compromiso, tan trascendente como inoportuno, de estrechar la mano de los principales mandatarios mundiales reunidos en el G-20 con una imagen de perdedor, tras el rechazo de su investidura, y una reputación cuestionada por el escándalo que se daba a conocer prácticamente cuando emprendía el viaje hacia China: el fichaje del exministro José Manuel Soria José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial a propuesta de un Gobierno, que se considera en funciones para evitar las comparecencias en el Parlamento, pero no para postular a sus afines a cargos de reconocimiento planetario. En un turbador ejercicio de evasión, Rajoy rehuyó toda culpa y señaló al populismo como el responsable de todos los males que afectan a España ante los líderes mundiales.

Lo primero que dejó claro Rajoy al llegar a China, en una conversación informal con periodistas, es lo mal que le ha sentado el tratamiento en la prensa del fichaje de Soria. Molesto, con el desdén que le caracteriza cuando no considera apropiado responder a preguntas incómodas, quiso rebajar la trascendencia de una decisión que, asegura, no es política ni tiene nada que ver con el nepotismo del que le acusan, sino que se trata de un mero trámite administrativo.

CUESTIÓN DE JUSTICIA

“Si un funcionario no puede volver a ser funcionario... ¡Esto qué es!”, exclamó, e insistió en que no comprende la polémica. Explicó que conocía desde hacía meses la propuesta y defendió que la elección de Soria se resolvió porque el suyo era, sencillamente, el mejor expediente entre los que se postularon. "Si no somos un poco justos con la gente, haremos un país complicado”, opinó. Este diario ha podido confirmar que la propuesta de Soria circulaba por los despachos de la Moncloa desde el verano para indignación de muchos dirigentes populares.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, cerró filas con Rajoy y cuestionó la legalidad de haberle denegado una silla en el Banco Mundial al extitular de Industria. “El puesto no es político, es estrictamente administrativo, Soria ya dimitió de todos sus cargos políticos [tras el escándalo de los papeles de PanamáPanamá] y reingresó en el cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, lo pidió y sería ilegal habérselo negado, porque no está ni imputado ni inhabilitado”, puntualizó. 

También adujo que si la noticia se había dado a conocer justo al finalizar la fallida investidura de Rajoy, evitando que los líderes de la oposición subiesen la espinosa cuestión a la tribuna del Congreso, es porque el viernes era el último día y por el desfase horario entre Madrid y Washington. No aclaró, no obstante, por qué fue el primero en abandonar el hemiciclo  y enfilar la salida del Parlamento con una urgencia que, entonces, nadie acertó a comprender. 

SIN CONTROL

La petición de comparecencia presentada por PSOE y Podemos para que de Guindos de explicaciones en el Congreso no tiene visos de prosperar, por lo menos de momento. El PP rechaza que la Cámara Baja pueda ejercer control al Gobierno porque está en funciones y no tiene intención de comparecer de no ser porque el Tribunal Constitucional le obligue a ello. En la anterior legislatura, la breve, el Parlamento presentó un conflicto de competencias porque entiende que el estar en funciones no exonera al ejecutivo de someterse al control. En julio, el TC admitió a trámite la protesta, formalizada en un duro escrito de los letrados del Congreso, que están a la espera de una sentencia.

El fallo es relevante no solo por la jurisprudencia que sentará en una situación inédita, sino porque podría obligar a Rajoy y sus ministros a dar explicaciones que afectarían al tablero de la gobernabilidad. El líder conservador va a volver a presentarse como candidato y Pedro Sánchez quiere intentar un ejecutivo con Podemos y Ciudadanos, de modo que las comparecencias en el Congreso incidirían en los procesos negociadores. 

Para el PP sería un varapalo, un golpe más en un otoño que ya prevén caliente, por la intensa actividad judicial que habrá de algunos de sus escándalos de corrupción, como el caso Gürtel, cuyo juicio comienza en la Audiencia Nacional el 4 de octubre.