LA INVESTIDURA IMPOSIBLE

El Gobierno en funciones renuncia a subir pensiones y sueldos públicos

Rajoy rechaza prorrogar los presupuestos con un decreto al estar en funciones

La decisión mete más presión al PSOE, que se niega a facilitar su investidura

El ministro de Economía en funciones, Lius de Guindos, en la sesión de investidura de Mariano Rajoy.

El ministro de Economía en funciones, Lius de Guindos, en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. / AGUSTIN CATALAN

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Rosa María Sánchez
Rosa María Sánchez

Redactora jefe

Especialista en Macroeconomía, presupuestos, impuestos y pensiones.

Escribe desde Madrid

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El límite entre lo posible y lo imposible para un Gobierno en funciones es borroso y, como se está poniendo en evidencia en los últimos meses, depende mucho de la voluntad política de quien está al frente del Ejecutivo interino. Además sucede que, en ocasiones, los mismos que ayer decían que había cosas que no podía hacer un gobierno en funciones, ahora dicen que sí se puede, dejando al descubierto que tales argumentos a veces solo son instrumentos de presión sobre quienes, a juicio del PP, frenan la rápida investidura de Mariano RajoyMariano Rajoy.

Así, el actual Gobierno en funciones ha tomado la decisión de no plantear al Congreso una subida de pensiones y salarios públicos para el 2017 mientras se mantenga la situación de interinidad. Esta era una advertencia que ya había dejado caer en varias ocasiones la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora, según fuentes oficiales, se trata de una decisión que -junto con la fecha del 25 de diciembre de unas posibles terceras elecciones- añade más presión social para que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, desencalle la investidura con su abstención.

El Ejecutivo en funciones también ha decidido renunciar a la aprobación del techo del gasto o a llevar al Congreso de los Diputados el reparto entre administraciones públicas de los nuevos objetivos de déficit impuestos por Bruselas (condición imprescindible para que las autonomías puedan elaborar sus presupuestos para el 2017). Aunque, con voluntad política, se podría defender que cualquiera de estas cuestiones reúne la doble condición de “urgencia” e “interés general” que avalan que un Gobierno en funciones pueda adoptar medidas, el Ejecutivo asume que el actual Parlamento no daría el visto bueno a sus números y de ahí su renuncia. De paso, aprovecha para convertir la parálisis económica en argumento contra quienes frenan la investidura de Rajoy.  

PRÓRROGA AUTOMÁTICA

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha explicado este jueves en la COPE que si, tras la previsible investidura fallida de Mariano Rajoy este viernes, la situación de interinidad del Ejecutivo se extiende a los próximos meses, la actual Ley de Presupuestos del 2016 se prorrogará de forma automática al 2017. Ello confirma la renuncia a proponer al Parlamento un decreto de prórroga que, entre otras cuestiones, pudiera incorporar la actualización de las pensiones o los salarios públicos.

Desde el punto de vista de la actual Administración de Rajoy, ni subir salarios ni subir sueldos públicos antes de empezar el 2017 es una cuestión “urgente”. Además -añaden- no corresponde a un Ejecutivo en funciones adoptar decisiones presupuestarias que comprometan a Gobiernos futuros. Desde este punto de vista, entienden que los posibles incrementos de pensiones y sueldos públicos deben ser decididos por un Gobierno que no esté en funciones y que si su formación se adentra en el 2017 siempre se podrá adoptar una decisión con efectos retroactivos desde el 1 de enero próximo .

DONDE DIJE DIGO…

Los criterios del Ejecutivo se apoyan el artículo 21 de la ley 50/1997, del Gobierno, que prohíbe expresamente a un Ejecutivo en funciones aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados. Este mismo artículo, además, establece que el Gobierno en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos”, absteniéndose de adoptar cualquier otra medida “salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique”.

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Lo que sucede es que la raya entre qué es “urgente” y qué es “de interés general” está resultando muy subjetiva, como se ha puesto de evidencia con el doble rasero empleado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en relación con la reforma de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades. Lo que hace mes y medio era imposible acometer por un Gobierno en funciones, ahora será llevado a Consejo de Ministros “en las próximas semanas”.

Inminente subida de los pagos por sociedades

De Guindos ha explicado que ante la imposibilidad de un gobierno en funciones de aprobar un proyecto de ley de Presupuestos, el Ejecutivo en funciones remitirá el 15 de octubre a la Comisión Europea un informe con las medidas ya adoptadas para cumplir el objetivo de déficit del 4,6% del PIB en el 2016 así como un presupuesto prorrogado. “Esto no va a ser suficiente para cumplir el objetivo de déficit del 2017”, del 3,1% del PIB, ha admitido el ministro en funciones en alusión a la necesidad de nuevos ajustes que deberá acometer el futuro Gobierno.