Atutxa, el precedente de Forcadell

La situación que atraviesa Carme Forcadell tiene un precedente en Euskadi. De hecho, el tortuoso proceso que sufrió el peneuvista Juan Mari Atutxa, a quien el Tribunal Supremo impuso 18 meses de inhabilitación y 18.000 euros de multa, se ha convertido en un referente cuando los dirigentes nacionalistas catalanes se han visto amenazados por los tribunales españoles. La complejidad del proceso y la tormenta política que se desató provocaron que entre la querella contra Atutxa y la sentencia pasaran cinco años.

Atutxa fue inhabilitado por negarse a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, una de las muchas marcas utilizadas por izquierda aberzale tras la ilegalización de Batasuna. No sufrió en solitario las acusaciones, ya que la decisión de no acatar el mandato del Tribunal Supremo fue de la Mesa del Parlamento, por lo que otros dos de sus miembros, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU-EB), fueron también condenados a un año de inhabilitación para cargo público y al abono 12.000 euros de multa.

Curiosamente, quien fuera consejero de Interior durante dos legislaturas y objetivo prioritario de ETA es muchas veces recordado por sus problemas legales al defender los derechos de la izquierda aberzale.

La inmaculada 'hoja de servicios' de Atutxa, que desde Madrid era visto muchas veces como un ejemplo del 'buen nacionalista', se vio truncada en marzo del 2003. La Sala del 61 del Supremo decretó la ilegalización de HB, EH y Batasuna y ordenó al Parlamento de Vitoria la disolución del grupo de Sozialista Abertzaleak, capitaneado por Arnaldo Otegi y que contaba entre sus integrantes con el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'. Hoy, el primero vuelve a liderar a la izquierda aberzale, mientras el segundo sigue 'desaparecido' para zafarse de la justicia española.

ACUSACIÓN DE MANOS LIMPIAS

Pese a situarse en las antípodas políticas, el presidente de la Cámara apeló al fuero parlamentario de los integrantes de Sozialista Abertzaleak y se negó a atender la orden directa. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, no dudó en querellarse contra el dirigente peneuvista, el vicepresidente primero de la Mesa, Gorka Knörr, y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao.

El PNV vivió aquel trance como una afrenta sin precedentes, un ataque directo contra uno de sus dirigentes más queridos. El propio presidente del partido, Xabier Arzalluz, lideró una recordada movilización ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), donde incluso entonó el 'Eusko Gudariak' (canto al soldado vasco).

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Tras tres meses de juicio, la instructora del caso decidió su archivo en diciembre del 2004, pero la Sala de lo Penal del mismo tribunal revocó el sobreseimiento. La situación se complicó aún más cuando el nuevo fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, tampoco quiso seguir adelante con la acusación, que a partir de entones fue ejercida en solitario por el hoy denostado sindicato Manos Limpias. La causa, a pesar de que la 'doctrina Botín' determinaba la imposibilidad de abrir un proceso con la única iniciativa acusatoria de la acción popular, siguió adelante hasta que en noviembre del 2005 el TSJPV exculpó a los acusados amparándose en su inviolabilidad parlamentaria.

INSISTENCIA DEL SUPREMO

Pero el Tribunal Supremo no quedó satisfecho, y optó por anular la absolución y ordenar la repetición del juicio. El TSJPV volvió a absolverles, y tuvo que ser el mismo Supremo, fuertemente dividido, el que condenara en enero del 2008 a los tres encausados a las penas de inhabilitación y multa.

Para entonces, Atutxa ya no ocupaba ningún cargo público, ya que había abandonado la política tras 22 años en activo. El PNV le premió con la presidencia de la Fundación Sabino Arana, una entidad dedicada a promover, estudiar y difundir el nacionalismo vasco. También Gorka Knörr optó por alejarse de la primera línea política, por lo que la más afectada fue la parlamentaria de Kontxi Bilbao, la única que ocupaba entonces un escaño.