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CORRUPCIÓN.CAT

La justicia sigue tirando del largo hilo del 'caso 3%'

La presunta trama de comisiones salpica ya a una veintena de ayuntamientos

ESTHER CELMA / TARRAGONA

"No mandan los cargos electos, mandan las cuatro familias de siempre. Pasaba, sigue pasando y pasará hasta que los que saben se atrevan a denunciar”, asegura la exconcejala de ERC Montse Gassull. Ella presentó 23 denuncias sobre un cúmulo de supuestas ilegalidades cometidas en el consistorio de Torredembarra (Tarragonès) bajo el mandato del ahora imputado Daniel Masagué (CDC). Estas denuncias son el hilo suelto de una supuesta trama de mordidas del 3% o más de la que siguen tirando un juzgado de El Vendrell y la Fiscalía Anticorrupción.

En los dos últimos años -de los cuatro que dura la investigación- se han practicado registros y requerimientos en una veintena de ayuntamientos de toda España, en la sede central de CDC en Barcelona, en empresas y domicilios, y se ha detenido y encarcelado a políticos y empresarios. Las ramificaciones se han ido extendiendo con el paso del tiempo.

DIMISIÓN DESDE LA CELDA

Masagué salió libre al día siguiente de dimitir desde su celda, donde pasó 17 días encerrado. Al empresario Jordi Sumarroca, directivo de Teyco e hijo de Carles Sumarroca, fundador de CDC junto con Jordi Pujol, le excarceló la Audiencia de Tarragona en segunda instancia tras presentar una fianza de 600.000 euros. El mismo tribunal dejó libre al tesorero de Convergència y administrador de la fundación CatDem, Andreu Viloca, con una fianza de 250.000 euros. Esta cantidad fue abonada por el partido.

El único preso ahora es el exalcalde de L'Ametlla de Mar Andreu Martí mientras no presente 1,2 millones de euros de fianza. La investigación localizó y bloqueó una cuenta en Andorra con 2,3 millones. El presidente de la consultora Efial, Toni Martos, estuvo encarcelado apenas un día, las horas justas para reunir los 600.000 euros de fianza fijados por el juez. Efial, de origen andorrano, impulsaba empresas municipales que, presuntamente, servían para desviar fondos públicos.

NUEVE PIEZAS SEPARADAS

De las nueve piezas separadas abiertas por el juez, la que levanta más expectativas es la número tres. Sigue secreta, aunque por múltiples filtraciones se sabe que se investiga si CDC cobraba el 3% en comisiones a empresarios a cambio de obras y adjudicaciones públicas.

Servicios sociales de consistorios en manos del PSC bajo sospecha

El juzgado número 1 de Tarragona mantiene imputado al alcalde de esa ciudad, Josep Félix Ballesteros, y al dimisionario primer teniente de alcalde de Viladecans Joaquín Guerrero, ambos del PSC, por un delito contra la Administración pública en relación a varios contratos con el grupo Inipro, compañía también vinculada a los socialistas catalanes. En Tarragona, los Servicios Sociales abonaron 215.000 euros a Inipro en contratos que no podían prorrogarse, tal como advirtió siete veces el interventor, y en una serie de trabajos que los investigadores sospechan que podrían no haberse llevado a cabo. 

El hilo del que se ha tirado para llegar ahí son las obras de Teyco en Torredembarra y los pagos de al menos 850.000 euros a dos empresas de Masagué. Tanto la firma como el exedil sostienen que todo es legal, acordado, de la esfera privada y justificado. En cambio, los fiscales y los investigadores ven indicios claros de que son pagos al exalcalde por actuar, presuntamente, como una suerte de recaudador. Su hipótesis es que los Sumarroca pagaron sobornos a Masagué a través de la CatDem y que usaron ese sistema en los consistorios convergentes de Figueres, Sant Celoni, Sant Cugat y Lloret del Mar.

Viloca es tesorero de CatDdem, de CDC y de las fundaciones Fórum Barcelona y Nous Catalans. La Guardia Civil registró su despacho y logró reconstruir, tira a tira, pedacito a pedacito, los documentos hallados en una trituradora.

COHECHO, BLANQUEO...

El juez, tras más registros el 28 de agosto del año pasado, imputó a 10 detenidos los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de subastas y concursos públicos y falsedad en documento mercantil.

Fuentes de la familia Sumarroca señalan que sufren una persecución política por ser catalanistas, tal como demostrarían, a su juicio, las escuchas al ministro Jorge Fernández Díaz. Masagué sostiene que no existe ningún 3% y que todo se verá cuando se levante el secreto de sumario. Fuentes de la investigación, sin  embargo, aseguran que siguen tirando del hilo y cada vez llega más lejos.

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