'Caso Pretoria': el juicio que no llega

Pocos se podían creer lo que estaba sucediendo. Los todopoderosos cargos históricos de CDC Macià Alavedra y Lluís Penafeta, que antaño habían sido hombres de máxima confianza de Jordi Pujol, habían sido detenidos e ingresaron en prisión. Corrría el 27 de octubre del 2009 cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenaba su arresto junto con el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, el exdiputado del PSC Luis Andrés García y a otras personas, entre ellas empresarios de la construcción. Estaban (y están) acusados de formar parte de una trama de corrupción que presuntamente cobró comisiones, evadió capitales a paraísos fiscales y se aprovechó de la condición de funcionarios públicos de algunos de sus miembros. Han pasado casi siete años y, como suele pasar en estos casos, el juicio está pendiente.

Fuentes jurídicas vinculadas al caso aseguran a este diario que todavía no se ha fijado fecha para el inicio del juicio por el denominado ‘caso Pretoria’ y que la Audiencia Nacional, que se encarga de tramitar el proceso, está afianzando la responsabilidad civil que se reclama a los acusados, embargando, incluso, propiedades. La avanzada edad de alguno de los imputados, como Alavedra y Prenafeta, juega a su favor.

El juez Pablo Ruz (sustituto de Baltasar Garzón al frente del juzgado) acordó en marzo del 2015 enviar a juicio a 11 personas por el caso, entre ellas a Alavedra, Prenafeta, Muñoz y García y les impuso 102,6 millones de euros en total en concepto de fianzas civiles. Los imputados se enfrentan a peticiones de penas de prisión que oscilan entre uno y ocho años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Desde entonces, los trámites procesales están alargando la situación. Otra cosa será encontrar las fechas adecuadas para la celebración del juicio, que está previsto que dure días.

TRES MUNICIPIOS AFECTADOS

La fiscalía presentó en diciembre del 2014 su escrito de acusación, después de que el juez Ruz concluyera la investigación. El magistrado exponía en su auto que la trama presuntamente se dedicó a intermediar o influir en adjudicaciones públicas en tres operaciones llevadas a cabo en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. El responsable de la red y posible conseguidor, según la acusación, era Luis García Andrés, Luigi, para quien el fiscal pide ocho años de cárcel y a quien el juez impuso la fianza más alta: 30,1 millones de euros. Las ganancias que obtuvo con los manejos de esa red alcanzaron los casi 6 millones de euros.

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Según la fiscalía, los expolíticos usaron sus influencias para “planificar y ejecutar” el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de concesiones públicas relacionadas con los tres ayuntamientos. También se les acusa de haber contado con la colaboración de sus esposas para obtener dinero y ocultarlo a Hacienda. El juez ha cifrado las ganancias obtenidas por Alavedra en seis millones de euros y las de Prenafeta, en casi 15. Ambos regularizaron estas cantidades ante el erario público cuando se inició la investigación judicial.

Los expolíticos, según el relato del juez en su auto de conclusión de la investigación, ocultaron ese patrimonio a través de un complejo entramado societario en las islas Caimán, Andorra y Suiza. Los excargos convergentes se enfrentan a una pena de seis años y 10 meses de prisión, la misma que la acusación pública reclama para el exalcalde del PSC de Santa Coloma Bartomeu Muñoz.