Detenido un exsocio de Pujol Ferrusola por adjudicaciones fraudulentas en Lloret

Lloret de Mar ha iniciado la campaña de verano con mal pie. Agentes de la Guardia Civil, en una operación coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, han detenido en la tarde de este miércoles al empresario Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola y propietario del grupo GBI, al que se adjudicó el polémico contrato millonario de recogida de basuras y limpieza de playas de Lloret de Mar. El Instituto Armado sospecha que este cotrato "pudo haber dado lugar a la realización de cuantiosas donaciones" en favor de varias fundaciones vinculadas a CiU.

El arresto ha tenido lugar horas después de que se llevara a cabo un registro en el ayuntamiento para recabar los expedientes de aquella adjudicación, que fue otorgada en el 2011 al Grupo GBI, durante el último mandato de Xavier Crespo, el exalcalde convergente condenado a 9 años de inhabilitación por soborno y prevaricación por sus negocios con la mafia rusa.

La operación de la fiscalía anticorrupción se ha saldado, además, con la detención del interventor y el secretario municipal (Carlos Arbó y Josep Rafael Josep García, respectivamente), que avalaron con sus informes una adjudicación polémica, ya que se realizó en abril del 2011, por el procedimiento de urgencia, cuando solo faltaba un mes para las elecciones municipales de ese año.

Varios grupos de la oposición criticaron con dureza ese concurso (de más de 90 millones de euros ya que su duración es de casi una década) y aseguraron que se había hecho a medida de la empresa GBI, que fue la única que se presentó a la adjudicación a pesar de que se trataba de un contrato millonario.

Los dos funcionarios han quedado en libertad horas después de declarar en dependencias policiales y se les ha citado para comparecer en el juzgado el próximo 21 de julio, según ha informado el abogado de ambos, Carles Monguilod, que también representa a Gustavo Buesa, propietario de GBI.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

La fiscalía anticorrupción ha informado en una nota de que en la denominada ‘operación Trueno’ también se está investigando la gestión y las obras del centro de tratamiento de residuos que también fue adjudicado a GBI por la Generalitat a propuesta del consistorio en el 2009. Esa instalación, que se inauguró en el 2013, tuvo un presupuesto de 44 millones de euros.

En el marco de esta operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Blanes, se han autorizado cuatro diligencias de entradas y registros, y se ha acordado el bloqueo de cuentas corrientes y el embargo de bienes inmuebles pertenecientes a GBI. El propietario del grupo es un empresario bien relacionado con Convergència y con la familia del 'expresident Pujol', que en los últimos años ha creado un imperio empresarial basado en la recogida y tratamiento de residuos, con varias adjudicaciones en municipios de Catalunya, entre ellas el polémico vertedero de Vacamorta, que finalmente fue clausurado por orden judicial.

DONACIONES SOSPECHOSAS

En un informe divulgado en febrero del 2015, la Agencia Tributaria concluía que Gustavo Buesa podía haber financiado irregularmente a CiU a cambio de contratos amañados. La agencia señalaba, además, que GBI había realizado donaciones por valor de 550.000 euros entre el 2007 y el 2010 a tres fundaciones vinculadas a CDC y Unió. Unas donaciones que, según la Guardia Civil, se sumarían a préstamos a CiU "que posteriormente no serían devueltos". Además, la Audiencia Nacional está investigando por qué el empresario abonó pagos por importe superior a 200.000 euros a Jordi Pujol Ferrusola.

La investigación desarrollada hoy tiene por objeto la averiguación y el descubrimiento de delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude o exención ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de sus funciones, así como de tráfico de influencias.

El abogado de Buesa ha asegurado que la adjudicación del contrato de recogida de basuras que el Ayuntamiento de Lloret adjudicó a GBI es "impecable y en ella no hay ninguna irregularidad". Monguilod ha añadido que su defendido ofrecerá "toda su colaboración" a los investigadores.

EL ALCALDE SE DESVINCULA

Tras la intervención policial, el alcalde de Lloret, Jaume Dulsat (CiU), ha desvinculado la operación de la gestión municipal del actual gobierno de la ciudad. Dulsat ha asegurado que desde que es alcalde, hace un año, “las cosas se hacen con legalidad, equidistancia y mucha ética”.

No obstante, el primer edil ha reconocido que él no puede responder ni comprometerse por expedientes y adjudicaciones que se llevaron a cabo hace siete o nueve años. Dulsat ha insistido en que él se siente “muy tranquilo”, pero también ha admitido que el actual consistorio vive con mucha “incomodidad” esta operación policial, debido al "show mediático" que suele acompañar este tipo de intervenciones.