El exalcalde de L'Ametlla de Mar tenía 2,3 millones en Andorra y dos empresas en Panamá

El juez de El Vendrell que instruye el 'caso Térmyca' ha bloqueado 2,3 millones de euros hallados en una cuenta en Andorra del exalcalde de L'Ametlla de Mar Andreu Martí (CDC). El dinero se ha localizado en tres tramos entre los años 2006 y 2008; un ingreso en efectivo de 400.000 euros en el 2009 y otro ingreso de 800.000 euros procedente de dos sociedades panameñas que, a su vez, eran de Martí. El magistrado Josep Bosch ha ordenado prisión eludible con una fianza de 600.000 euros para el exregidor convergente.

Martí ha sido el primero de los siete detenidos el pasado martes, como parte de una presunta trama de corrupción por amaño de contratos y blanqueo, en pasar a disposición judicial, aunque se ha acogido a su derecho a no declarar. Esta será la estrategia de las defensas de la mayoría de los arrestados, al estar la causa bajo secreto de sumario.

Sin embargo, el exalcalde de Angles (Selva), Josep Manel Bassols (CDC), sí quiere explicar su versión al juez, según su abogado, Carles Monguilod, porque sostiene que “su participación se limita a haber trabajado en una empresa de Madrid que hizo unas obras en L'Ametlla”. Según el letrado de Bassols, se trata de una obra menor, la construcción de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en el 2014 después de haber ganado un concurso público.

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Monguilod también ha desvinculado la imputación de Bassols de sus cargos políticos “de hace muchos años” y ha declinado pronunciarse sobre la carga política de las detenciones criticada por la portavoz del Govern, Neus Munté.

PIEZA SEPARADA

El 'caso Térmyka' se enmarca en el llamado 'caso Torredembarra', en el que el juez ha abierto 11 piezas separadas ante el cúmulo de delitos contra la Administración pública cometidos, presuntamente, bajo el mandato de Daniel Masagué (CDC). Un escándalo en el que también se investiga la presunta financiación irregular de CDC, el llamado 'caso 3%'. El juez investiga si la consultora barcelonesa Efial creó una suerte de ayuntamientos paralelos para contratar personal, obras y servicios sin pasar por los controles públicos.