El Congreso acusa al Gobierno de vulnerar "la idea de democracia"

El Congreso de los Diputados formalizó el pasado jueves su recurso, sin precedentes, ante el Tibunal Constitucional (TC) contra el Gobierno por negarse a someterse al control de la Cámara durante los cuatro meses que duró la frustrada legislatura salida de las elecciones del pasado 20 de diciembre. El presidente de la Cámara baja, Patxi López, evitó entonces dar a conocer el texto, que ha sido remitido este martes a la Mesa del órgano legislativo. El recurso, al que ha tenido acceso este diario, emplea gran dureza contra el Ejecutivo, al que acusa de vulnerar ocho artículos de la Constitución. Entre otros, el primero, que establece que España es “un Estado social y democrático de Derecho”.

“Si se menoscaban las funciones atribuidas a las Cortes Generales, resulta difícil entender lo que significa tal idea de democracia, se vulnera la Constitución desde su arranque mismo”, señala la letrada del Congreso en el documento, que también acusa al Gobierno de atentar, entre otros, contra los principios de seguridad jurídica (artículo 9 de la Carta Magna) y de impedir “el ejercicio del propio derecho del representante” y también “indirectamente el ejercicio del derecho de participación política de los ciudadanos” (artículo 23).

LA TRASCENDENCIA

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy siempre ha entendido que no debía someterse al control parlamentario porque el Congreso surgido del 20-D no fue quien le eligió, sino el conformado tras las elecciones del 2011. Una vez recibido el recurso por parte del alto tribunal, que fue apoyado por todos los grupos parlamentarios salvo el PP, el Ejecutivo deberá presentar un nuevo escrito de alegaciones.

El TC no dictará sentencia hasta agosto, como pronto, y puede tener gran trascendencia cara a resolver situaciones similares si, como es probable, vuelven a producirse. Por ejemplo, tras las generales del próximo 26 de junio.  

EL PRECEDENTE DE SUÁREZ

Frente a la tesis del Gobierno de Rajoy, que defiende que la primera función del Parlamento debe ser la investidura de un presidente, el Congreso considera que “las Cámaras están plenamente operativas por el hecho de su válida constitución tras las elecciones”.

“La verdadera anomalía constitucional se produciría si se aceptase en nuestro sistema la existencia de un Gobierno en funciones carente de responsabilidad política sin posibilidad por parte del órgano que representa la soberanía popular de comprobar tanto el hecho de que no excede sus funciones limitadas por la ley, como el hecho de que las cumple correctamente y no hace dejación de las mismas. Ello supondría admitir la existencia de espacios vacíos donde el Gobierno podría actual libremente sin control parlamentario, lo cual se sitúa en las antípodas de lo que representa y significa la forma democrática de nuestro Estado”, señala el recurso, que también refleja un precedente de Ejecutivo en funciones sometido a control parlamentario.

Tras la dimisión como presidente de Adolfo Suárez en enero de 1981, recuerda el Congreso en su escrito, su Gobierno pasó a estar en funciones hasta el 25 de febrero, fecha en la que fue elegido Leopoldo Calvo-Sotelo. “No obstante, en el pleno del Congreso del 17 de febrero,un día antes del comienzo de las sesiones de investidura, se tramitaron algunas preguntas e interpelaciones que respondió el Gobierno en funciones”, recuerda la Cámara baja.

“Cuando el Gobierno está en funciones es este quien tiene sus facultades limitadas, no las Cortes Generales”, argumenta el Congreso. “Si el Gobierno no puede ser objeto de control alguno, se debería concluir que el Gobierno en funciones no puede realizar ninguna actuación, de tal manera que el Gobierno no es que esté en funciones, sino que no sería Gobierno”, concluye el organismo.