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El fiscal pide 5 años y 2 meses de cárcel para Oriol Pujol por el 'caso ITV'

El ministerio público reclama también 3 años y 4 meses de prisión para su esposa

J. G. ALBALAT / BARCELONA / MARGARITA BATALLAS / MADRID

Oriol Pujol en la comisión del Parlament, en marzo pasado.

Oriol Pujol en la comisión del Parlament, en marzo pasado. / FERRAN SENDRA

El fiscal ha solicitado una pena de cinco años y dos meses de cárcel para Oriol Pujol por el 'caso ITV'. El exsecretario general de Convergència Democràtica está acusado de cobrar comisiones, a través de su esposa, Anna Vidal, a cambio de utilizar su influencia política para favorecer empresarios amigos y por el presunto intento de amaño de una adjudicación de estaciones de ITV en Catalunya y otros negocios. Para Vidal, el ministerio público solicita tres años y cuatro meses de prisión.

A pesar de la acusación particular, continúan abiertas las negociaciones con la fiscalía para llegar a un acuerdo antes de la celebración del juicio. Pujol está dispuesto a aceptar una pena de prisión a cambio de que su mujer no pise la cárcel. El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación particular reclama 11 años de prisión para el exdiputado, pero está abierto a llegar a un pacto, siempre que el expolítico ingrese, aunque sea por poco tiempo, en la cárcel y devuelva el dinero de las comisiones supuestamente pagadas por su intervención en diferentes operaciones. Las negociaciones todavía no están agotadas. 

El fiscal acusa a seis personas a las que pide penas que oscilan entre los seis años y el año de prisión y remite su petición al tribunal del jurado. En su escrito explica que las ITV "han sido tradicionalmente un tema polémico y complicado a nivel jurídico". Y que tras la nueva ley del 2008 varias empresas recurrieron en el 2010 la adjudicación de las nuevas estaciones entre ellas la mercantil Certio que administraba Ricard Puignou. 

Un año después, Josep Tous fue nombrado secretario general del Departament d`Industria y Ocupaciò gracias a las influencias de Pujol "que se aprovechó de su doble condición de presidente de su grupo parlamentario y de secretario general adjunto y luego secretario general de CDC". El hijo del expresident, según el fiscal, llevó a cabo esta labor "por el interés mostrado por su amigo Sergi Alsina para que se favoreciese a Puignou".

El empresario pagó por estas gestiones a Alsina "a cambio de sus influencias políticas sabedor de la íntima relación de este con Pujol". Los pagos fueron mensuales y oscilaron entre los 11.880 euros y los 23.600 entre diciembre del 2010 a febrero del 2012. A su vez, Alsina pagó a Tous 2.360 euros al mes entre marzo del 2011 hasta febrero del 2012. En marzo del 2012 estalló esta operación.

Además, Alsina, Pujol y Sergi Pastor crearon una empresa, Upprima, para lograr la adjudicación de una estación de ITV, pero no alcanzaron su propósito, según el escrito del fiscal, porque se publicó en los medios de comunicación que estaban siendo investigados. El ministerio público subraya que el EBITBA de una estación de ITV entre los años 2011 y 2012 supera los 700.000 euros.

CONTACTOS CON EL 'PRESIDENT'

La fiscalía también pide que se sienten en el banquillo Pujol, Vidal y Alsina por otras tres operaciones mercantiles en las que el hijo del expresident  tuvo "una participación intensa y decisiva (...) gracias a los relevantes cargos públicos que ocupaba". El escrito detalla la venta de una planta industrial en Sant Cugat del Vallés que generó unos beneficios de 3,2 millones de euros a Alsina. Pujol le puso en contacto con el president de la Generalitat y con el director de la agencia tributara catalana y su mujer facturó a Alsina por esta operación 236.000 euros.

En el 2010, gracias a las gestiones del hijo del expresident con el alcalde de Martorell, Alsina logró la recalificación "de terrenos de uso industrial en las proximidades de la empresa Seat" y Anna Vidal giró 15 facturas a las empresas del amigo de su marido por un importe de 85.000 euros por las gestiones que llevó a cabo que, según la fiscalía, eran "copias de documentos carentes de valor". 

La tercera operación se llevó a cabo en el 2011 cuando Yamaha buscó a Alsina tras decidir trasladar sus activos. Este negocio le reportó 4,2 millones de euros. Y se logró por los contactos de Pujol con el Departament d`Empresas y Ocupaciò y con el director de la agencia tributaria. 

La mujer del hijo del expresident cobró entre el 2005 y el 2012 de las empresas de Alsina 443.000 euros que en realidad fueron abonados "para retribuir la inestimable colaboración de Oriol Pujol", según el ministerio público.

PRESCRIPCIÓN DE UN DELITO

El fiscal califica estos hechos como un delito de tráfico de influenciascohecho y falsedad. Y reclama que se impona a Pujol 5,2 años de cárcel y seis de inhabilitación. Para su mujer solicita 3,4 años de prisión, para Alsina seis años y uno para Puignou, Tous y Pastor. La fiscalía exonera a Pujol, su mujer y Alsina de un delito de cohecho porque han prescrito las gestiones que llevó a cabo el hijo del expresident en el Parlament para que se incluyera en la ley de las estaciones de ITV que ningún operador pudiera ostentar el 35% de las estaciones existentes en Catalunya.

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