El Congreso presenta en el TC su conflicto de atribuciones con el Gobierno de Rajoy

El Congreso ha formalizado este jueves ante el Tribunal Constitucional su conflicto de atribuciones con el Gobierno en funcionesconflicto de atribuciones de Mariano Rajoy por su rechazo a someterse a control parlamentario, según han informado fuentes parlamentarias. El pasado 10 de mayo, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso -único órgano activo entre legislaturas- facultó a los servicios jurídicos de la Cámara para empezar a redactar ese recurso, que servirá para que el Alto Tribunal deje establecido un criterio en un asunto polémico sobre el que existe un gran vacío legal y que podría volver a repetirse tras las elecciones generales del 26 de junio, en caso de que las negociaciones para impulsar un Ejecutivo vuelvan a complicarse. 

El pasado 6 de mayo, el Gobierno ya se había ratificado en su negativa a someterse al control parlamentario, en respuesta al requerimiento que le había hecho el Congreso. En su escrito, el Ejecutivo en funciones insistía en que "no puede ser sometido a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre el Gobierno y el Congreso".

Un Gobierno, según rezaba el mencinado texto, sólo "responde solidariamente" ante el Congreso que le ha dado su confianza mediante la investidura pero, al estar en funciones, carece de capacidad para fijar la orientación política, que precisamente es lo que pretende un Parlamento al controlar a un Ejecutivo. Ese escrito supuso el último trámite que le faltaba a la Cámara Baja para poner en marcha el recurso al TC que en su día acordó el Pleno el Congreso con el voto en contra del PP.

Según el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una vez que reciba el escrito del Congreso, el tribunal deberá comunicarlo al Gobierno en los diez días siguientes y fijará un mes de plazo para que formule las alegaciones que estime convenientes.

OTRAS INSTITUCIONES

Durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos, si consideran que esto afecta de algún modo a sus atribuciones, y podrán pronunciarse "en apoyo del demandante o del demandado". A lo largo de este proceso, el tribunal podrá requerir aclaraciones a las partes y tendrá que tomar una decisión definitiva durante el mes siguiente o, cómo máximo, 30 días después del plazo que fije para la recepción de las mismas.

Es decir, el proceso podría alargarse hasta la vuelta del verano, ya con las nuevas Cortes funcionando. En todo caso, el objetivo del recurso era resolver esta discrepancia y sentar criterio para hipotéticos escenarios de Gobierno en funciones en el futuro.