LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN
Chaves y Griñán niegan ilegalidades y minimizan el fraude de la formación
Los expresidentes andaluces defienden en la comisión de investigación que la Junta fue la perjudicada
El expresidente andaluz Manuel Chaves, en la comisión de investigación del 'caso ERE', en el Parlamento andaluz. / periodico
Julia Camacho
Julia CamachoPeriodista
JULIA CAMACHO / SEVILLA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoLos que fueran máximos responsables de la Junta de Andalucía durante 23 años, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, volvieron ayer a establecer un cordón sanitario en torno a la cúpula de la administración en el supuesto fraude de formación, el otro gran caso de corrupción que se investiga en los tribunales junto a los ERE. Ante la comisión de investigación creada por el Parlamento andaluz, ambos negaron haber conocido irregularidad alguna en la concesión de las ayudas a la formación para el empleo, presumieron de su impacto en la tasa de paro y aunque reconocieron que tal vez “no todo estuvo bien” cargaron la responsabilidad sobre los empresarios beneficiarios. En cualquier caso, zanjó Chaves, “por lo que he leído, el posible fraude fue pequeño”.
El supuesto fraude de la formación pone en tela de juicio los más de 3.000 millones de euros entregados para cursos de formación para el empleo entre 2002 y 2012. La Junta de Andalucía inició su propia revisión de oficio y cifra ya en 71,8 millones de euros las cantidades indebidamente justificadas.
DEFENSA DE FUNCIONARIOS Y CARGOS PÚBLICOS
En su comparecencia, Chaves insistió en que “nunca conocí las irregularidades, ni las impulsé ni las toleré, y además no las hubiera consentido”. También que no hubo ninguna alerta en ese sentido. Defendió que la “gestión y ejecución de las políticas activas de empleo fue positiva, razonable, útil y eficaz”, aunque sí admitió que “posiblemente no todo estuvo bien” y que “es posible que se cometieran actos ilícitos”, de los que responsabilizó los empresarios, y no a la Administración, ya que funcionarios y cargos públicos siguieron los trámites necesarios.
En la misma línea se pronunció su sucesor, José Antonio Griñán, para quien el procedimiento de las ayudas fue “legal y garantista”. “Se seguía la normativa”, retando a que era la propia comisión la que tenía que comprobar el fraude, “el presidente de la Junta no lo puede comprobar si no se lo dicen, y entonces actúa”.
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