LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN
El PP pagará 1,2 millones para evitar el embargo por la caja b
Bárcenas a su llegada a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid, ayer.
Por qué confiar en El Periódico El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata comunicó este lunes al PP que tiene 10 días para pagar un total de 1.245.154,18 euros como responsable civil subsidiario por no haber tributado los donativos recibidos en el 2008 (220.167,04 euros) y haber abonado ese año con dinero negro los trabajos de reforma de su sede nacional, en la madrileña calle Génova (1.024.987,14 euros). Si no paga en este plazo, se procederá a embargar sus bienes. El PP cuestionó que se dé credibilidad a Bárcenas y subrayó que esta reclamación es una "garantía cautelar".
El magistrado les reclama esta cantidad porque no ha sido satisfecha por los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristobal Páez y por el arquitecto Gonzalo Urquijo, que serán enjuiciados junto a otras dos empleadas del despacho de arquitectura en los llamados 'papeles de Bárcenas'.
El magistrado fijó estas cantidades en mayo del pasado año en el auto de apertura de juicio oral en los papeles de Bárcenas. El juez impuso a Bárcenas y Lapuerta una fianza de 8,9 millones de euros, a Páez otra de 7,6 millones de euros, y a Urquijo y a su socia Belén García, 4,5 millones a cada uno. La Audiencia les rebajó en julio 577.000 euros al descontar la deuda de otro impuesto de sociedades del 2006 que estaba prescrito y otros tributos que sumados no alcanzaban la cifra de delito fiscal, 120.000 euros.
Desde entonces, Bárcenas no ha pagado nada, Lapuerta ha depositado 3 millones, y Paéz y los arquitectos "han asegurado parcialmente" las cantidades que se les reclamaban. Por ello, el PP debe hacerse cargo del resto al haber sido declarado responsable civil subsidiario.
El PP depositará en los próximos días un aval con esta cantidad y estudia recurrir la medida del juez. La secretaria del juzgado, Ana Esther Sánchez, comunicó esta medida personalmente al letrado del partido, Alberto Durán.
EL PP NO ASUME LA RESPONSABILIDAD
La noticia llegó a la calle Génova cuando ya había finalizado la reunión semanal del comité de dirección popular, presidido por Rajoy. Aún así, el PP improvisó una respuesta, que trasladó la vicesecretaria Andrea Levy. La dirigente catalana eludió la palabra fianza y minimizó el fallo al asegurar que no es una "condena" sino una mera “garantía cautelar”.
En opinión del PP, el nuevo paso judicial es parte del procedimiento “previsto”, y no implica nuevos indicios de la existencia de la caja b. Por ello, Levy rechazó la acusación de financiación ilegal y sostuvo el PP solo "asumirá la responsabilidad" si hay una condena en este sentido.
Posteriormente, el PP emitió un comunicado para remachar sus argumentos, en el que incide en que los informes “desmienten absolutamente la veracidad” de los “apuntes” de Bárcenas.
Asimismo, el partido dio un toque al juez al mostrar su "extrañeza" por el hecho de que le exija "garantizar por entero las posibles responsabilidades cuando no se conoce si los directamente afectados por el auto –los exempleados del PP y Unifica- son insolventes".
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