Un empresario obtuvo 30 millones en contratos a dedo del PP valenciano

Más de 30 millones de euros en adjudicaciones amañadas por las administraciones que controlaba el PP en la Comunitat Valenciana: consejerías, diputaciones, empresas públicas, el Ayuntamiento de València... Este es, al menos en parte, el balance de la cuenta de resultados del empresario José Adolfo Vedri, detenido a raíz de la operación Taula por la presunta trama de financiación ilegal del PP valenciano durante la etapa de Francisco Camps.

Según ha revelado este lunes la cadena SER, Vedri era uno de los principales financiadores en la trama del 3% del PP valenciano. Lo hacía a través de su agencia de comunicación Engloba y 14 empresas más de su propiedad, con las que obtuvo contratos de forma irregular de la Generalitat Valenciana desde 1999, época todavía de Eduardo Zaplana como presidente, aunque los amaños se extenderían y agrandarían con la presidencia de Camps, a partir de 2003.

SIN PUBLICIDAD Y CON URGENCIA

La documentación de la pieza principal del 'caso Imelsa' a la que ha accedido la emisora demuestra que la mayoría de adjudicaciones se hicieron por el procedimiento negociado sin publicidad, en las que el Gobierno valenciano invitaba a tres empresas, todas propiedad de Vedri. Alternativamente, también se usaba el procedimiento de urgencia, que permitía la adjudicación a dedo y evitaba el concurso público.

El empresario de cabecera de los populares habría obtenido así la campaña informativa sobre la gripe del 2010 (731.555,54 euros), las de prevención de incendios y la de publicidad del Servei Valencià d'Ocupació, de entre 780.000 y 900.000 euros. Como contrapartida a estos contratos, Vedri habría pagado una mordida al PP valenciano de cerca del 3%. La cadena SER ya reveló, citando fuentes de la investigación del caso, que Camps era el “recaudador” de este dinero para el partido.

60 EMPRESARIOS Y POLÍTICOS IMPUTADOS

La pieza principal del ‘caso Imelsa’, destapado a raíz de las grabaciones del arrepentido Marcos Benavent, mantiene imputados a 60 empresarios y cargos populares, entre ellos al expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus. Se les investiga por delitos de cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude, falsedad y blanqueo en relación con una red de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.