22 feb 2020

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EMERGENCIA SOCIAL

El Parlament desafiará al Estado y ratificará la ley contra la pobreza energética

La propuesta de ERC de apoyar de nuevo la norma halla eco entre los convergentes

El Govern se topa con dificultades para esquivar la suspensión del impuesto sobre pisos vacíos

Xabi Barrena

El ’vicepresident’ Oriol Junqueras y el ’president’ Carles Puigdemont, en el Palau de la Generalitat.

El ’vicepresident’ Oriol Junqueras y el ’president’ Carles Puigdemont, en el Palau de la Generalitat. / JOAN CORTADELLAS

CDC y ERC se preparan para defender con uñas y dientes la ley de emergencia habitacional y pobreza energética frente a la segura suspensión que acarreará el recurso interpuesto por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional. Este lunes se ha discutido en el seno del grupo parlamentario la opción planteada por ERC de pasar de nuevo la ley recurrida por el Ejecutivo central por el trámite parlamentario a fin de ratificarla otra vez, lo que supondría un acto de desobediencia, aunque los convergentes prefieran tildarlo de obediencia a la legalidad que emana de la Cámara catalana. Es esta una posibilidad largamente acariciada por los republicanos, pues supone matar varios pájaros de un tiro. Fuentes de JxSí confirmaron a este diario que el presidente del grupo, Jordi Turull, planteará la medida en la cumbre del martes en el Palau de la Generalitat.

Aceptar a trámite y refrendar una ley suspendida por el Tribunal Constitucional parece la vía más directa para que la justicia pose sus ojos en la Mesa del Parlament y los diputados que voten a favor del texto. La cuadratura del círculo la facilita el carácter meramente social, y no patriótico, de la iniciativa. Primero, porque une el destino del bloque soberanista (Junts pel Sí y la CUP) con el 'colauismo' y aledaños, es decir, tanto con la alcaldesa de Barcelona como con los 11 diputados de Catalunya Sí que es Pot. A estos 83 diputados se podría sumar algún socialista, según las cuentas del Govern, que vería imposible de rechazar una norma que en su primera tramitación fue aprobada por unanimidad, cuyo origen fue una iniciativa legislativa popular (ILP) y que ha obturado el goteo de desahucios por indicación de las grandes corporaciones.

PRESIÓN POR LA DESOBEDIENCIA

Otro pájaro que cae es el del requisito que exige la CUP para negociar en serio la aprobación de unos presupuestos, que no es otro que el de la desobediencia. Y además, en una materia tan sensible para los anticapitalistas como el de la emergencia habitacional y la pobreza energética. Junts pel Sí se opuso a la moción que pedía la ratificación de la declaración de pre-independencia del 9 de noviembre del 2015 precisamente porque solo satisfacía a los ya convencidos.

Más aves en el zurrón. Puestos a conquistar el área metropolitana, bien sea por lo que el soberanismo denomina la “mayoría social”, bien sea para encauzar una campaña electoral (sin ir más lejos la que empieza en cuatro semanas), qué mejor que presentarse con hechos y con el Estado en el cogote de la Generalitat tras definirse esta como el máximo paladín en defensa de los más desfavorecidos. 

PALABRA DE FORCADELL

¿Y cuál es la posición de la presidenta del Parlament? En la entrevista concedida a este diario, Carme Forcadell (del tercio de los independientes de Junts pel Sí, aunque de innegable vecindad orgánica con ERC) fue clara: “Creo que una ley aprobada por unanimidad por el Parlament y que sirve para ayudar a los más desfavorecidos debe aplicarse”.

Añádese también la dificultad para esquivar la propia impugnación del TC. En concreto, cómo mantener el impuesto a los pisos vacíos, suspendido por el TC. En la Generalitat asumen la dificultad de legislar de manera efectiva para preservar esta medida, que supuso un ingreso de 11 millones de euros en el primer ejercicio en vigor.

De estos, prácticamente la mitad procedieron del llamado 'banco malo', la SAREB, en manos del Estado. De ahí que la interpretación que hace la Generalitat es que el Ejecutivo estatal ha defendido sus propios intereses económicos al instar al TC a que falle contra esta parte de la ley del 2015.