El Tribunal Constitucional acumula 32 recursos del Gobierno contra leyes catalanas

El TC ha frenado medidas sobre el 'procés' pero también de pobreza energética y rebajas

La sede del Tribunal Constitucional, en Madrid

La sede del Tribunal Constitucional, en Madrid / AGUSTÍN CATALÁN

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ROGER PASCUAL / FIDEL MASREAL / BARCELONA

No hay semana sin recurso o sentencia del Tribunal Constitucional contra alguna ley del Parlament. El veto permanente del Gobierno le ha llevado a presentar 32 recursos contra normas catalanas. Y no se trata solo de medidas legales para frenar iniciativas vinculadas al 'procés'. Desde que en el 2012 el Govern empezó su senda soberanista, Mariano Rajoy ha decidido denunciar todo tipo de actuaciones, desde la declaración de ruptura con España hasta las leyes de pobreza energética y de horarios comerciales.

En el mismo periodo, la Generalitat también ha recurrido 49 actuaciones del Gobierno por invasión de competencias. La reunión entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy no sirvió para frenar esta judicialización de las relaciones ya que, tan solo dos días después, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba que recurrían tres leyes más: la que establece un impuesto a las viviendas vacías, debido a que este hecho ya se encuentra gravado; la de gobiernos locales y la de la igualdad entre hombres y mujeres, estas dos últimas por invasión de competencias.

Catalá se ha mostrado mucho más activo que su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. De hecho el 30 de septiembre del 2014, tan solo un día después de

El Govern busca la manera de "sortear" al tribunal

El Govern sigue anunciando medidas para sortear las impugnaciones del Constitucional a medidas del Ejecutivo catalán. Este martes ha sido el caso de la decisión del TC de suspender la prohibición del "fracking". Una vez más, la Generalitat ha decidido seguir aplicando el veto a esta técnica extractiva pero mediante otras normas legales autonómicas. En concreto mediante "condicionamientos administrativos ambientales", según ha explicado Neus Munté. Como ha señalado la portavoz, evitando el concepto "desobediencia", la estrategia del Govern de Junts pel Sí seguirá siendo la de "sortear estos obstáculos para garantizar el objetivo de estas leyes, leyes con incidencia sobre las personas o su día a día, de aquí no nos moveremos".  

ser nombrado en el cargo, ya presentó su primer recurso, contra la ley de consultas populares para intentar frenar el 9-N. El Constitucional le dio la razón, como ha ocurrido en la gran mayoría de casos del Gobierno. La misma decisión tomó en otras iniciativas vinculadas al procés, como el nombre de la cartera de Raül Romeva, rebautizada como Conselleria d'Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència después de que el TC decretara la suspensión de las atribuciones de dicho departamento; o la declaración de ruptura con España, adviertendo al entonces  'president' Artur Mas, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a otras 19 autoridades catalanas de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir" si realizan "cualquier iniciativa" que suponga "ignorar o eludir" la suspensión acordada. Este martes el tribunal empezó también a debatir sobre el recurso contra las medidas emprendidas hace un año por el Govern para sentar las bases de las estructuras de Estado.  

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Pero, dejando de lado las vinculadas al ámbito soberanistas, una de las sentencias que más polvareda ha levantado ha sido la que congelaba la ley de pobreza energética. A finales del 2013, el Govern prohibió a las compañías de luz y gas cortar el suministro, en caso de impago, a las personas en situación de vulnerabilidad económica durante los meses de más frío. Esta solución, según el alto tribunal, "invade la competencia estatal en materia de régimen energético y contraviene la legislación estatal que ha optado por un modelo consistente en la financiación de parte del precio del suministro". El TC también ha recortado las funciones del Síndic de Greugues, especialmente las que le atribuían competencias en materia de relaciones internacionales y la condición de "Autoridad Catalana" contra la tortura, y parte de la ley de comercio catalana, en concreto todo lo referente a los horarios y domingos y festivos que las tiendas pueden abrir, además de los periodos de rebajas.

El TC ha vuelto a demostrar hasta qué punto hay un proceso de marcha atrás reaccionario con el modelo de Estado", ha denunciado Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí que es Pot, después de que el alto tribunal tumbara el lunes la ley que prohibía el 'fracking' en la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos. "Detrás de esta sentencia hay una cosa que no hay que olvidar, la recentralización de las competencias del Estado en detrimento de las que tienen las comunidades autónomas". Uno perspectiva compartida por la mayoría de fuerzas del hemiciclo catalán viendo algunos de los recursos presentados. Uno de los últimos y más pintorescos ha sido contra la creación del municipio de Medinyà, un pueblo de 850 personas de Girona que existió de forma independiente hasta 1972, cuando se integró en Sant Julià de Ramis.