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DEBATE JUDICIAL

El TC se inclina por anular los cimientos de las estructuras de Estado catalanas

El pleno cuenta con una propuesta para declarar inconstitucionles los planes de la agencia tributaria y la agencia catalana de protección social

El debate comenzará la próxima semana pero la deliberación se prolongará en el calendario por ser una "sentencia compleja"

Margarita Batallas

El Tribunal Constitucional, en una foto de archivo.

El Tribunal Constitucional, en una foto de archivo. / JOSE LUIS ROCA

El Tribunal Constitucional tiene previsto comenzar la próxima semana el debate sobre el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra las medidas emprendidas hace un año por el Govern para sentar las bases de las llamadas estructuras de Estado. La deliberación empezará el martes y se prolongará hasta el jueves, pero es muy poco probable que los jueces aprueben una sentencia, ya que será su primera toma de contacto con un borrador en el que se propone declarar inconstitucional esta medidas. Fuentes del Alto Tribunal han adelantado que se espera una larga discusión porque la ley catalana "presenta sombras y luces" y el Abogado del Estado ha formulado alegaciones de escaso "fundamento".

El Gobierno recurrió el pasado mes de junio dos artículos y cuatro disposiciones de la ley de medidas fiscales, financieras y administrativas aprobada por el Parlament de Catalunya que regulan el servicio meteorológico, los equipamientos comerciales, el plan director de la Administración Tributaria de Catalunya, el inventario del patrimonio de las administraciones públicas, el catálogo de infraestructuras estratégicas y la creación de la agencia catalana de protección social.

 El alto tribunal acordó la suspensión de estos apartados el pasado mes de junio, a instancias del Gobierno central y prorrogó esta medida el pasado mes de noviembre aunque levantó la suspensión del artículo que regula los equipamientos comerciales.

LA PREVIA AL INTENTO DE SECESIÓN

Los servicios jurídicos del Estado pidieron que se mantuviera la suspensión de todos los articulos impugnados porque considera que esta norma "es de trascendencia nacional" pues la misma marca las pautas "para crear las estructuras del estado para estar preparado" ante la independencia de España y por formar parte "del proceso de transición nacional".

Por su parte, la Generalitat pidió el levantamiento de esta medida por entender que su cumplimiento "no causa perjuicio general", ya que la ley "se reduce a la preparación interna de los planes, inventarios, catálogos y anteproyectos para la futura creación de órganos".

Fuentes del Alto Tribunal han adelantado que en esta ocasión, y en referencia a la totalidad del recurso, los jueces no comparten íntegramente los argumentos del Abogado del Estado que hasta ahora ha ganado por unanimidad del pleno las demandas presentadas contra normas catalanas que buscan la separación de España como la ley de consultas, en su día, y, más recientemente, la declaración del pasado 9-N.

En esta ocasión, según las fuentes consultadas, existen dudas sobre esta norma porque explican que los servicios jurídicos del Parlament se han esforzado por no superar la línea y aprobar normas que abiertamente invaden competencias estatales.

Los jueces, no obstante, si tienen claro que es muy poco probable que supere su filtro el catálogo de infraestructuras estratégicas porque en este sector el Estado goza de la competencia exclusiva para regular, por ejemplo, el funcionamiento de las centrales nucleares o la producción de electricidad. Tampoco tiene pocos visos de salir adelante la intención de la Generalitat de modificar el servicio meteorológico porque afecta a la seguridad áerea y esta también es una competencia estatal.

INTERPRETACIONES DE LA LEY

Las fuentes consutadas discrepan sobre el futuro de la Agencia Tributaria catalana y la agencia de protección social, ya que algunos jueces se decantan por declararlas constitucionales si cumplen con la interpretación que les indiquen. Estas fuentes recuerdan que Catalunya ya gestiona los impuestos cedidos por el Estado que son los indirectos y los de la cuota autonómica, pero subrayan que no pueden asumir la recaudación de los mismos. Por lo que si esta agencia solo quiere mejorar la gestión, pero no aumentar sus funciones no tendría problemas para crear este organismo.

En la misma situación se encuentra la agencia de protección social si se limita a gestionar las ayudas sociales o de dependencia como pensiones no contributivas, pero las fuentes consultadas explican que no puede ir más allá porque el Estado aún no les ha transferido que gestionen otras prestaciones como la de desempleo o la de incapacidad que están en manos de la seguridad social.

Las fuentes consultadas sospechan que la sentencia se firmará después de haber sido discutida, al menos, en otra sesión. El pleno de esta semana va cargado con otros asuntos como la ley que regula la deuda comercial o la que establece las subvenciones para ejecutar obras de reparación de infraestructuras como consecuencia de catástrofes naturales que fue recurrida por la Generalitat.

La ley de acción exterior estatal pasará el filtro del tribunal

El pleno rechazará la próxima semana el recurso presentado por Canarias contra la ley de acción exterior del Estado porque la misma cuenta con el aval del consejo de garantías estatutarias, es decir, con el apoyo de Catalunya y Pais Vasco.

Canarias recurrió la norma por entender que deja las Comunidades Autonómas como delegaciones del Gobierno central, ya que para abrir oficinas en el extranjero es necesario el permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores e incluso de Hacienda que ha de analizar la eficiencia de los recursos económicos.

Asimismo, exige que se informe al Ministerio de Asuntos Exteriores de las propuestas de viajes, visitas, intercambio y actuaciones de proyección exterior para que puedan emitir o realizar recomendaciones.

Además, establece que las actividades en el exterior de las Comunidades Autónomas debe basarse en la lealtad institucional y estar encaminadas a asistir y proteger a los españoles, a apoyar a la ciudadanía española y a las empresas españolas.

Fuentes del alto tribunal han explicado que esta sentencia no tendrá influencia en la decisión del alto tribunal sobre las funciones de la consellería d` Afers Exteriors que fue suspendida por el alto tribunal a petición de Mariano Rajoy el pasado mes de febrero.