Oriol Junqueras y Soraya Sáenz de Santamaría se citan el jueves para afianzar el diálogo

Siguiendo lo acordado por sus respectivos presidentes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el número dos de la Generalitat, Oriol Junqueras, se reunirán el próximo jueves (en principio por la mañana) para tratar sobre la lista de 46 reclamaciones que Carles Puigdemont entregó el miércoles a Mariano Rajoy en la Moncloa. Evidentemente, las cuestiones que se abordarán serán aquellas que poco --o mejor nada-- tienen que ver con el proceso independentista.

Entre las demandas destaca el límite de déficit, los "incumplimientos del Estado con Catalunya", la "invasión de competencias e interferencias en la acción del Govern" o las "deudas", que el Ejecutivo catalán cuantifica en 842 millones de euros, que ha dejado de recaudar anualmente por los recursos contra el impuesto a los depósitos bancarios o el impuesto nuclear, entre otros. La Generalitat también incide en que al no cumplirse la disposición adicional tercera del Estatut para equiparar la inversión en Catalunya en infraestructuras al peso del PIB, ha dejado de recibir en estos años 3.811 millones de euros.

LA PIEDRA DE TOQUE

Fuentes de la Generalitat ven "margen" para llegar a algún acuerdo antes de que se aclare el panorama español y "aun siendo conscientes de la debilidad del Gobierno". Estas mismas fuentes apuntan que Junqueras acudirá a Madrid con "plena disposición" al diálogo y que la provisionalidad del Ejecutivo en funciones "no debería servir de excusa". Así, la piedra de toque de la reunión, lo que permitirá discernir cuan posible es que se tiendan puentes es si el Gabinete de Rajoy impugna ante el Tribunal Constitucional y pide la suspensión del decreto de medidas urgentes para paliar la pobreza energética. En caso de suspensión, las comunicaciones estarían poco menos que rotas.

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Puigdemont, en varias entrevistas radiofónicas, ha asegurado que el nuevo objetivo de déficit fijado por el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas no es "ni de lejos" el que le corresponde por ley a Catalunya. Así, las comunidades no tendrán que reducir su déficit en el 2016 del 1,66% del PIB al 0,3%, como se pedía hasta ahora, sino hasta el 0,7%, un techo que Puigdemont sigue viendo "injusto".

Junqueras, por su parte, ha añadido que "durante años el Govern ha explicado, a menudo en solitario, que la situación era insostenible" y que ahora esta apreciación es compartida "por la Intervención General del Estado, la Autoridad de la Responsabilidad Fiscal Independiente, la Comisión Europea y comunidades autónomas de todo color".