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ANIVERSARIO DE UN EPISODIO CLAVE DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

Entre la hoz y los sables

Hace 39 años culminó la negociación más trascendental y enconada de la transición: la legalización del PCE

Adolfo Suárez y Santiago Carrillo se reunieron en secreto en medio de la asfixiante presión de los militares

Jose Rico

Un militante comunista vende ejemplares de Mundo obrero con la noticia de la legalización del PCE, en Madrid.

Un militante comunista vende ejemplares de Mundo obrero con la noticia de la legalización del PCE, en Madrid. / LEONARDO FREED

El rumor comenzó a propagarse hacia las seis de la tarde, mientras muchos españoles se tronchaban frente al televisor con GabyMiliki y Fofito. En Madrid, los más transgresores prefirieron pasar aquella tarde en una sala de cine, la que 24 horas antes había estrenado la versión original y sin amputaciones franquistas de 'Viridiana', la obra maestra de Luis Buñuel. Nada menos que un Viernes Santo había escogido la autoridad gubernativa para permitir la insólita proyección. Una osadía que quedaría a la altura del betún comparada con la que el Gobierno, o cabría decir mejor, Adolfo Suárez, hizo que aquel Sábado de Gloria lo fuera literalmente hasta para los más ateos de una España que se asomaba aún timorata a la democracia. Mientras hoy los partidos parecen incapaces de ponerse de acuerdo en un programa de gobierno, hace 39 años, un 9 de abril de 1977, se desentrañaba el entuerto más intrincado de la transición pese a la dentera que provocaban los sables castrenses.

"Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, perdón, que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el, perdón, en el Registro de Asociaciones Políticas". Atropellado y casi sin aliento, el periodista Alejo García dio la noticia en RNE. La operación política que la hizo posible duró año y medio, aunque empezó a fraguarse de verdad el 3 de julio de 1976, el día que el rey Juan Carlos ungió a Suárez como piloto de la transición. Aquel sorpresivo nombramiento suponía un desaire al sector más inmovilista del franquismo, el 'búnker', y, por tanto, hizo albergar esperanzas a un Santiago Carrillo que ya merodeaba por España con su peluca por montera. Pero Suárez le dejó claro muy pronto que no era bienvenido, al menos de momento. Ese mismo mes, el presidente del Gobierno fulminó al entonces embajador en Francia por haber recibido en su despacho a Carrillo, que acudió a solicitar su pasaporte.

Por el peso social que se había ganado el PCE tras su papel hegemónico en la oposición a la dictadura y para hacer creíble el proceso de reforma democrática, Suárez era consciente de que tarde o temprano tendría que legalizar a los comunistas, pero no quería hacerlo antes de las primeras elecciones. Para la anquilosada jerarquía militar, dar carta de naturaleza a quienes había derrotado cuatro décadas atrás en el campo de batalla era una traición en toda regla. De ahí que el presidente jugase a dos bandas. El 8 de septiembre de 1976, por la mañana, convocó a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas para garantizarles que no habría papeletas del PCE en esos primeros comicios. "Presidente, ¡viva la madre que te parió!", gritó uno de los generales del viejo régimen ante tamaña promesa. Por la tarde, un intermedio de confianza de Suárez, el abogado y periodista José Mario Armero, despachó con Carrillo en París para establecer un canal de comunicación tan permanente como ultrasecreto.

EL GOLPE DE EFECTO

Los acontecimientos de los meses siguientes forzarían a Suárez a desmentir su compromiso ante aquellas bocamangas de cuatro estrellas. El presidente iba dando largas a Carrillo para ganar tiempo y el líder comunista decidió meter presión con un golpe de efecto. El 10 de diciembre se presentó en una rueda de prensa clandestina en Madrid mientras un atónito Consejo de Ministros estaba reunido en la Moncloa. "El PCE ofrece su voluntad de sumarse a una política constructiva para una reconciliación nacional", afirmó Carrillo. La orden de detención fue inmediata. La policía tardó 12 días en cazarlo, a la salida de una reunión del comité central del partido. Aunque Suárez planteó a sus ministros la opción de subirlo en un avión y mandarlo a París, el propio Carrillo aceptó ser puesto a disposición del Tribunal de Orden Público (TOP), sabedor de que aquel episodio no haría más que allanar el camino de la legalización. El 30 de diciembre, el Gobierno aprobó la supresión del TOP y Carrillo, procesado por asociación ilícita, salió a la calle con el DNI en la mano tras pagar 300.000 pesetas de fianza.

Lejos de lo que pudiera parecer, la espiral de violencia que se desató a finales de enero de 1977, que culminó con la matanza de cinco abogados laboralistas en Atocha, fue un espaldarazo para el PCE. La demostración de fuerza a la par que de orden de los comunistas en los días posteriores acabó de convencer a Suárez de la necesidad de que Carrillo y los suyos concurriesen a las elecciones, pero dentro de unos límites. Esas líneas más rojas que nunca las fijarían Suárez y Carrillo cara a cara el 27 de febrero, domingo, en una casa de Armero en las afueras de Madrid. El presidente intentó sin éxito que el comunismo se aviniese a presentarse como agrupación independiente, sin su histórica sigla. La negativa de Carrillo y las reticencias de Suárez prolongaron durante más de seis horas un encuentro que, sin embargo, acabó en principio de acuerdo: el PCE sería legal a cambio de que aceptase la Monarquía y la bandera rojigualda. O que renunciase a la república y a la enseña tricolor, según se mire. Y Suárez trataría de aplacar las iras castrenses a cambio de que los comunistas evitasen muestras de euforia en la calle. Muy pocos en el Gobierno supieron de aquella reunión.

Al presidente solo le faltaba un pretexto jurídico. El Ejecutivo acababa de cambiar la ley para que la legalización de cualquier formación requiriese el aval del Tribunal Supremo. Pero la alta magistratura se lavó las manos cuando le llegaron los estatutos del PCE y, declarándose incompetente para resolver la cuestión, devolvió la patata caliente al Gobierno el 1 de abril. Ya en plena Semana Santa, Suárez optó por consultar al Fiscal del Reino antes de desear felices vacaciones a sus ministros. Y el Sábado Santo llegó el dictamen: "No se desprende ningún dato de ilicitud". La hoz y el martillo no tomaron las calles, pero el ruido de sables se hizo ensordecedor. El ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga, dimitió el Lunes de Pascua, aunque los otros ministros militares permanecieron en sus cargos. Un enfurecido Consejo Superior del Ejército advirtió en una nota que estaba "dispuesto a resolver los problemas por otros medios si fuera necesario".

En otra fecha señalada, el 14 de abril, aniversario de la Segunda República, el comité central del PCE se reunió por primera vez de forma legal en Madrid. "En estas horas puede decidirse si se va hacia la democracia o si se entra en una involución gravísima". Antes de que los camaradas recuperasen el aliento y sin discusión alguna, Carrillo propuso colocar la rojigualda junto a la bandera del partido en todos los locales y actos. Los comunistas se pronunciaron con claridad: ni un solo voto en contra; solo 11 abstenciones. A renglón seguido, la bandera bicolor apareció en un extremo de la mesa presidencial. "Es cierto que nosotros hemos defendido la república y que las ideas de nuestro partido son republicanas, pero hoy la opción no está entre Monarquía o República, sino entre dictadura y democracia", zanjó Carrillo para alivio de Suárez. La "ruptura pactada", como bautizó a aquella operación el líder comunista, había llegado a buen puerto.

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