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Puigdemont: "El Govern garantizará los derechos lingüísticos de todos los hablantes"

El 'president' niega que el manifiesto del Grup Koiné sea "racista", como denuncia Rabell

Roger Pascual

El ’president’ Carles Puigdemont, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, en el Parlament.

El ’president’ Carles Puigdemont, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, en el Parlament. / FERRAN SENDRA

El terremoto político causado por el manifiesto del Grup Koiné, en que carga contra el bilingüismo y exige un nuevo país donde solo sea oficial el catalán, ha llegado este miércoles al Parlament. Lluís Rabell ha preguntado a Carles Puigdemont si compartía "la posición racista, fundamentalista cultural" de este texto que habían firmado entre otros, los 'exconsellers' Josep Lluís Carod-Rovira y Carme-Laura Gil. El 'president', pese a considerar "poco responsable que lo llame de racista", ha prometido que el Govern defenderá los derechos lingüísticos de todos los catalanes.

Rabell ha hecho una contundente intervención, en la que ha lamentado que figuras importantes de la órbita de Junts pel Sí apoyaran un manifiesto que "se permite hablar de la inmigración como colonizadores involuntarios del franquismo" cuando la inmigración de los años 60 luchó por las libertades, por la cohesión lingüista y social del país. "Es un elemento político peligrosísimo", ha rematado. La intervención del líder de Sí que es Pot ha recibido los aplausos de las bancada del PSC.

DEFENSA DE LA INMIGRACIÓN DE LOS SESENTA

"No le haga decir cosas al manifiesto que no dice. Es poco responsable que lo califique de racista", ha considerado Puigdemont, que considera que este es un debate en el que el Parlament no tiene que entrar. El 'president' ha defendido que su Govern es heredero del esfuerzo que sus predecesores hicieron "para que el catalán sea una lengua de cohesión, de normalización social y seguirá así".

Sobre la oficialidad ha asegurado que el posicionamiento del Parlament está perfectamente definido y lo estará en el compromiso firme "para garantizar a todos los hablantes de este país sus derechos lingüísticos". "En este Govern no encontrará ni un solo elemento que ponga en riesgo y que no ponga en valor el esfuerzo que hace tanta gente para contribuir al mantenimiento de la lengua débil, un esfuerzo que como usted muy bien ha dicho han hecho desde los años 70 mucha gente que adivinó que el catalán sería lengua de libertad, de democracia, a la que había que ayudar aunque sus familias hablaran el castellano. Y este Govern está en esta línea".

La cuestión lingüística ha planeado durante todo el pleno. La 'consellera' de Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha reconocido en el Parlament que son 39 las familias de alumnos que se han acogido al decreto que prevé una ayuda de 6.000 euros para los estudiantes que quieren que el castellano sea la lengua vehicular en su enseñanza y que, al no disponer de un centro público en su municipio, optan por ir a colegios privados.                                                                                                                                                    

39 familias han solicitado la subvención para que sus hijos puedan cursar estudios con el castellano como lengua vehicular

A todos ellos, ha explicado Ruiz, se les ha enviado una carta informándoles de la existencia de colegios que imparten materias no lingüísticas (Matemáticas o Ciencias, por ejemplo) en castellano, por si quieren matricular allí a sus hijos. La diputada del PPC, María José Cuevas, ha considerado que esta misiva es un fraude "para mofarse de las familias". Y, incidiendo en esta línea, le ha preguntado si el Ejecutivo catalán ya está aplicando el manifiesto del grupo Koiné. Ruiz le ha respondido que quien se burla de las familias es la LOMCE porque "impone un sistema que no existe".

NUEVO REVÉS JUDICIAL

En el pulso con el Estado, el Govern se llevó un nuevo revés después de que el Tribunal Supremo anulara una orden de la Generalitat que establece que los distintivos de los vigilantes deben escribirse solo en catalán, al entender que la seguridad privada es competencia exclusiva del Estado y ajena a las políticas de normalización lingüística. En su sentencia, el Supremo desestima así el recurso que presentó la Generalitat contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en diciembre de 2013 anuló esa misma orden gubernamental, informa Margarita Batallas.