LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN
El PP suspende de militancia a los concejales de Valencia imputados en el 'caso Imelsa'
Patricia Martín
Periodista
Escribo en la sección de Sociedad, normalmente sobre temas sanitarios, de mujeres, violencia machista, infancia o consumo; aunque también he trabajado en otras secciones de El Periódico, como Política o Tribunales. Mi trayectoria profesional comenzó en medios locales, incluida una emisora regional de la 'Cadena Ser', y trabajé también para 'El País' y 'Cinco Días'.
PATRICIA MARTÍN / MADRID
Las presiones del PP a los concejales del PP de Valencia investigados en el 'caso Taula' (deribado de la operación 'Imelsa') comienzan a dar sus frutos y los ediles y asesores investigados por el supuesto blanqueo de capitales han solicitado a su partido que les suspenda cautelarmente de militancia, una decisión que el comité de derechos y garantías conservador ha adoptado este lunes después de que los afectados así lo solicitaran mediante un escrito. Dicha carta incluye además la renuncia de Alfonso Novo como portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
La suspensión no afecta sin embargo a Rita Barberá, que no ha sido imputada formalmente, y está pendiente de declarar ante el juez, quien ha iniciado los trámites para su imputación solicitando al Senado que acredite su condición de aforada. Después de semanas en las que Mariano Rajoy defendió a la exalcaldesa, el pasado 15 de marzo, tras una jornada en la que las desavencias dentro del PP en torno a este asunto se hicieron públicas, el comité de derechos y garantías abrió un <strong>expediente informativo</strong> masivo contra una cincuentena de personas por su presunta implicación en este caso, incluida la exalcaldesa y actual senadora. El procedimiento apenas a echado a andar, a la espera de que el instructor de la investigación, el diputado Francisco Molinero, llame a declarar a los afectados.
El PP aclara en el comunicado hecho público este lunes que el órgano correspondiente continuará tramitando el expediente contra las personas "investigadas o llamadas a declarar", incluidos los ediles y asesores supendidos previamente de militancia, para determinar si se les expulsa definitivamente.
LAS TENSIONES PARA QUE ABANDONEN EL ACTA
La decisión del partido llega después de días de tensiones entre los concejales y la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Boning, que les reclama que entreguen su acta, y les ha dado un ultimatum, que cumple el 5 de abril. Sin embargo, los ediles, de momento, se niegan a dar un paso atrás.
Si concluido el plazo, no renuncian, fuentes populares admiten que el PP valenciano no puede hacer nada más hasta que concluya el expediente nacional porque su paso al grupo mixto solo se puede forzar si son expulsados o ellos lo piden voluntariamente.
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